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Salud Pública
POLÍTICAS PÚBLICAS
Asociación Colombiana de Salud Pública exige convertir el derecho a la salud mental en una realidad asistencial
El gremio pide consolidar a la salud mental como una prioridad de la política pública y no limitarse a la expedición de nuevas normas
Jueves, 16 de julio de 2026, a las 12:55
Atención primaria en salud mental a las poblaciones rurales de Cauca. Foto: Federación Nacional de Departamentos. |
Redacción. Bogotá
La salud mental debe consolidarse como una prioridad de la política pública y no limitarse a la expedición de nuevas normas. Ese es el principal llamado de la Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP), que instó al Gobierno, a los aseguradores, prestadores, entidades territoriales y organismos de control a garantizar la implementación efectiva del marco normativo vigente y fortalecer la calidad de la atención en todo el territorio nacional.
En un comunicado, la organización recordó que la salud mental constituye un derecho humano fundamental y una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos, como la educación, el trabajo, la participación social y la salud. Por ello, sostuvo que las políticas públicas deben trascender la atención de los trastornos mentales y enfocarse también en la promoción del bienestar, la prevención, el abordaje de los determinantes sociales y la eliminación de las barreras de acceso.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío
La ACSP ha advertio que los indicadores epidemiológicos evidencian la necesidad de fortalecer la respuesta institucional. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), durante 2024 se notificaron 38.770 casos de intento de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.
Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social ha reportado, con corte preliminar al 30 de septiembre de 2025, 2.066 muertes por suicidio, de las cuales el 79 por ciento correspondió a hombres y el 21 por ciento a mujeres.
Para la Asociación, estos indicadores representan no solo un problema de salud pública, sino también el impacto que tienen las dificultades de acceso, el estigma y la falta de acompañamiento oportuno sobre las personas, sus familias y las comunidades.
Un marco normativo fortalecido, pero con retos en su implementación
La organización ha destacado que Colombia ha fortalecido durante los últimos años el marco jurídico en salud mental mediante la Ley 1616 de 2013, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, las leyes 2460 y 2518 de 2025, el Decreto 729 de 2025, que adoptó la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Resolución 347 de 2026, que estableció los lineamientos del denominado "Código Dorado" para la prevención y atención de la conducta suicida.
No obstante, la ACSP ha recalcado que la existencia de estas normas no garantiza, por sí sola, el ejercicio efectivo del derecho, si no están acompañadas de reglamentación, financiación suficiente, fortalecimiento del talento humano, articulación institucional y mecanismos de seguimiento que permitan verificar su cumplimiento.
Entre los aspectos que destacó de la Ley 2518 de 2025 se encuentran la prohibición de trámites administrativos que retrasen la atención, la continuidad de los tratamientos, el fortalecimiento del modelo comunitario y la creación de espacios de participación ciudadana.
La calidad de la atención también debe ser objeto de vigilancia
En el comunicado la ACSP ha enfatizado que garantizar el acceso a los servicios no resulta suficiente cuando la atención continúa siendo tardía, fragmentada o deshumanizada.
La Asociación ha resaltado que persisten reportes ciudadanos relacionados con demoras para acceder a consultas de psicología y psiquiatría, permanencias prolongadas en servicios de urgencias mientras se consigue atención especializada, interrupciones en tratamientos y condiciones institucionales que no siempre garantizan privacidad, seguridad o acompañamiento familiar.
En este contexto, la ACSP ha solicitado fortalecer los procesos de habilitación, auditoría, inspección, vigilancia y control, de manera que no se limiten a verificar requisitos documentales, sino que evalúen aspectos como la experiencia de los usuarios, la suficiencia del talento humano, la continuidad del cuidado, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los enfoques diferenciales y de derechos humanos.
Participación ciudadana y control social
Otro de los ejes del pronunciamiento es la necesidad de fortalecer la participación de pacientes, familias, cuidadores, organizaciones sociales, comunidades académicas y asociaciones científicas en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de salud mental.
La Asociación recordó que la Ley 2518 de 2025 fortaleció los mecanismos de participación y control social, por lo que instó al Ministerio de Salud y a las entidades territoriales a consolidar espacios de diálogo, facilitar el acceso a información pública y promover la conformación de veedurías ciudadanas.
Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a utilizar los mecanismos de participación disponibles, presentar peticiones, quejas y denuncias cuando existan barreras de acceso y contribuir al mejoramiento del sistema mediante el ejercicio del control social.
Finalmente, la Asociación Colombiana de Salud Pública ha hecho un llamado al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS, las IPS, las entidades territoriales, el Congreso, los organismos de control y otros sectores como educación, trabajo, justicia, cultura y deporte para convertir la salud mental en una prioridad transversal de las políticas públicas.
La salud mental debe consolidarse como una prioridad de la política pública y no limitarse a la expedición de nuevas normas. Ese es el principal llamado de la Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP), que instó al Gobierno, a los aseguradores, prestadores, entidades territoriales y organismos de control a garantizar la implementación efectiva del marco normativo vigente y fortalecer la calidad de la atención en todo el territorio nacional.
En un comunicado, la organización recordó que la salud mental constituye un derecho humano fundamental y una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos, como la educación, el trabajo, la participación social y la salud. Por ello, sostuvo que las políticas públicas deben trascender la atención de los trastornos mentales y enfocarse también en la promoción del bienestar, la prevención, el abordaje de los determinantes sociales y la eliminación de las barreras de acceso.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío
La ACSP ha advertio que los indicadores epidemiológicos evidencian la necesidad de fortalecer la respuesta institucional. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), durante 2024 se notificaron 38.770 casos de intento de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.
Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social ha reportado, con corte preliminar al 30 de septiembre de 2025, 2.066 muertes por suicidio, de las cuales el 79 por ciento correspondió a hombres y el 21 por ciento a mujeres.
Para la Asociación, estos indicadores representan no solo un problema de salud pública, sino también el impacto que tienen las dificultades de acceso, el estigma y la falta de acompañamiento oportuno sobre las personas, sus familias y las comunidades.
Un marco normativo fortalecido, pero con retos en su implementación
La organización ha destacado que Colombia ha fortalecido durante los últimos años el marco jurídico en salud mental mediante la Ley 1616 de 2013, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, las leyes 2460 y 2518 de 2025, el Decreto 729 de 2025, que adoptó la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Resolución 347 de 2026, que estableció los lineamientos del denominado "Código Dorado" para la prevención y atención de la conducta suicida.
No obstante, la ACSP ha recalcado que la existencia de estas normas no garantiza, por sí sola, el ejercicio efectivo del derecho, si no están acompañadas de reglamentación, financiación suficiente, fortalecimiento del talento humano, articulación institucional y mecanismos de seguimiento que permitan verificar su cumplimiento.
Entre los aspectos que destacó de la Ley 2518 de 2025 se encuentran la prohibición de trámites administrativos que retrasen la atención, la continuidad de los tratamientos, el fortalecimiento del modelo comunitario y la creación de espacios de participación ciudadana.
La calidad de la atención también debe ser objeto de vigilancia
En el comunicado la ACSP ha enfatizado que garantizar el acceso a los servicios no resulta suficiente cuando la atención continúa siendo tardía, fragmentada o deshumanizada.
La Asociación ha resaltado que persisten reportes ciudadanos relacionados con demoras para acceder a consultas de psicología y psiquiatría, permanencias prolongadas en servicios de urgencias mientras se consigue atención especializada, interrupciones en tratamientos y condiciones institucionales que no siempre garantizan privacidad, seguridad o acompañamiento familiar.
En este contexto, la ACSP ha solicitado fortalecer los procesos de habilitación, auditoría, inspección, vigilancia y control, de manera que no se limiten a verificar requisitos documentales, sino que evalúen aspectos como la experiencia de los usuarios, la suficiencia del talento humano, la continuidad del cuidado, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los enfoques diferenciales y de derechos humanos.
Participación ciudadana y control social
Otro de los ejes del pronunciamiento es la necesidad de fortalecer la participación de pacientes, familias, cuidadores, organizaciones sociales, comunidades académicas y asociaciones científicas en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de salud mental.
La Asociación recordó que la Ley 2518 de 2025 fortaleció los mecanismos de participación y control social, por lo que instó al Ministerio de Salud y a las entidades territoriales a consolidar espacios de diálogo, facilitar el acceso a información pública y promover la conformación de veedurías ciudadanas.
Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a utilizar los mecanismos de participación disponibles, presentar peticiones, quejas y denuncias cuando existan barreras de acceso y contribuir al mejoramiento del sistema mediante el ejercicio del control social.
Finalmente, la Asociación Colombiana de Salud Pública ha hecho un llamado al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS, las IPS, las entidades territoriales, el Congreso, los organismos de control y otros sectores como educación, trabajo, justicia, cultura y deporte para convertir la salud mental en una prioridad transversal de las políticas públicas.
La organización ha inssitido en que el principal reto del país ya no consiste en crear nuevas normas, sino en garantizar que las existentes se traduzcan en servicios oportunos, continuos, humanizados y con calidad para toda la población colombiana.
La salud mental debe ser prioridad en la agenda pública de Colombia
— Asociación Colombiana de Salud Pública (@saludpublicacol) July 16, 2026
Desde la #ACSP hacemos un llamado a convertir los avances normativos en acciones concretas que garanticen atención oportuna, integral, humanizada y sin discriminación.
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