Edición Médica

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República.

Redacción. Bogotá
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para precisar de manera clara el costo real de la Reforma a la Salud, con el fin de garantizar su implementación, como la sostenibilidad de la misma, en el mediano y largo plazo.
 
En este sentido, el jefe del organismo de control ha advertido sobre la necesidad de depurar y aclarar las deudas entre los diferentes actores del sistema, como requisito previo a la implementación de los nuevos mecanismos de financiación y flujo de recursos, con un proceso de saneamiento efectivo, en los tiempos de transición de un modelo a otro.
 
La Contraloría ha insistido en la necesidad de aclarar la estructura de costos y los estudios previos en que se ha basado para la proyección de los mismos, habida cuenta de la necesidad y de la preocupación que nos asiste para llevar a cabo lo de nuestra competencia, en el seguimiento y la vigilancia debida a los recursos públicos.
 
Durante el foro denominado “Protección del Derecho a la Salud desde el Control Fiscal”, el contralor ha especificado que un aspecto crítico evidenciado en el actual modelo de Salud es el tema de las deudas de las EPS con los prestadores que, según lo anunciado por la Superintendencia de Salud, estarían en el orden de los 23,3 billones de pesos, y conforme los análisis realizados por la CGR con información del más reciente reporte de la Circular 030, con corte a septiembre de 2022, podría ascender a los 26,1 billones de pesos.
 
Medidas de control más eficaces
 
El Contralor ha advertido que, las deudas con los prestadores, a cargo de las EPS que están bajo medidas especiales, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas terminan en procesos de liquidación, con el riesgo de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, toda vez que los activos resultan insuficientes para cubrir sus acreencias.
 
Además, en el ejercicio de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760, la CGR ha reportado, con corte a diciembre de 2022, un total de $6.527 millones correspondientes a auditorías en Salud, 28.821 millones de pesos de actuaciones especiales de fiscalización, 224.248 millones de indagaciones preliminares; además de 524 procesos de responsabilidad fiscal por valor de 1,3 billones y 102 procesos de jurisdicción coactiva por 1,6 billones de pesos.
 
La Contraloría ha asegurado que, en ese sentido, es evidente la materialización del riesgo financiero de las IPS, en la medida que no se garantiza el flujo oportuno y suficiente de recursos, para la prestación del servicio de salud, lo cual, finalmente incide en la calidad de la atención a los afiliados.
 
Procesos de la ADRES requieren ajustes
 
Rodríguez Becerra ha enfatizado con preocupación el riesgo de pérdida de recursos del sistema, de no llevarse a cabo los ajustes pertinentes sobre los procesos de la ADRES, de acuerdo con lo que la CGR ha podido verificar en diversas actuaciones que ha realizado sobre esta entidad, que con la Reforma a la Salud centralizaría el manejo directo de los recursos del sector.
 
Aspectos de la ADRES que preocupan especialmente a la Contraloría:  

La CGR ha subrayado la necesidad de ser fortalecida en sus sistemas de información interoperables, que den garantía de transparencia en el uso y flujo de los recursos; con un sistema transaccional visible, que cuente con herramientas de ciberseguridad para garantizar también la seguridad de los datos financieros y en Salud.
 
“Surge el interrogante sobre cómo serán los procesos de auditoría y seguimiento al giro de recursos del sistema, por parte de la ADRES, para evitar la posible pérdida de recursos del sector, pues esta administradora, además del manejo de los mismos, se propone tenga a cargo los procesos de contratación de los servicios de salud”, ha anotado el Contralor.
 
“Esta Contraloría, a partir de la reforma que se propone, adecuará y dirigirá su foco de atención mayoritariamente hacia la ADRES y sus procesos internos de manejo, uso, destinación y flujo de los recursos, sin descuidar los otros actores del Sistema, mediante las diferentes herramientas que poseemos, con el fin de prevenir, mitigar al máximo y evitar las posibles pérdidas de recursos del sistema o detrimentos al patrimonio público”, ha advertido el Contralor.
 
 

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