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Salud Pública
PRESUPUESTOS MÁXIMOS
Corte ordena pago de 2,3 billones a EPS: ¿solución temporal o alivio real para la Salud?
Pacientes resaltan la necesidad de establecer una metodología clara y transparente para garantizar los pagos futuros
Lunes, 27 de enero de 2025, a las 10:40

Diego Fernando Gil Cardoso, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer).


Melba Lucía Murillo. Bogotá
Con la expedición del Auto 2881 de 2023 , emitida por la Corte Constitucional a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 , no solo el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) tendrá hasta el 30 de enero para cancelar 2, 3 billones de pesos por concepto de Presupuestos Máximos de los años 2022 y 2024, sino que, además, la Contraloría General de la República deberá iniciar las investigaciones pertinentes para verificar si las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están destinando de manera adecuada estos recursos.

 
La Corte Constitucional no solo busca que se cancelen las deudas pendientes, destinadas a financiar tecnologías en salud y servicios no cubiertos con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), sino también que se establezca un nexo causal entre el detrimento patrimonial de las EPS y los montos reconocidos a través de los Presupuestos Máximos asignados.
 
El Auto 2881 exige al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la transferencia de los recursos necesarios para que el MSPS cumpla con estos pagos dentro de los términos establecidos, además de presentar un cronograma que defina la metodología para el reajuste definitivo de los techos del año 2023. y el pago de los reajustes pendientes.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Diego Fernando Gil Cardoso, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), ha expresado su satisfacción, señalando que "el Gobierno Nacional deberá cancelar en 45 días los recursos adeudados de los Presupuestos Máximos del año 2022, que ascienden a 819 mil millones de pesos, así como los correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, que suman 1,3 billones de pesos”.
 
Gil también ha resaltado la necesidad de establecer una metodología clara y transparente para garantizar los pagos futuros y evitar nuevas crisis. Advirtió que la Corte Constitucional ha ordenado al Ministerio de Hacienda asegurar el financiamiento adecuado y que el incumplimiento podría derivar en sanciones penales por fraude en resolución judicial.
 
“Otras de las determinaciones que en este auto se tomaron está relacionada con garantizar los pagos de 2025 mes a mes antes que termine cada periodo y debe establecer una metodología clara y transparente para seguir haciendo estos pagos y los ajustes que se requieren”, ha manifestado.
 
Además, Fecoer ha solicitado al Gobierno una revisión del cálculo de la UPC para 2025, fijada en 5,36 por ciento, argumentando que este valor es insuficiente para garantizar la atención adecuada de pacientes con enfermedades raras, adultos mayores y personas con discapacidad. Según la Superintendencia Nacional de Salud, las barreras de acceso a estos servicios aumentaron un 80 por ciento entre julio de 2022 y noviembre de 2024.
 
“Es importante que el Ministerio y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud? (ADRES), acaten estas decisiones y garanticen el acceso a medicamentos, tecnologías y servicios que requiere la población más vulnerable. Además, le pedimos a la población que se vuelva vigilante de este proceso”, ha agregado.
 
Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha advertido que la deuda acumulada con las EPS por Presupuestos Máximos superaba los 2,5 billones de pesos en enero de 2024 y que la falta de recursos fiscales pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de 1,3 millones de personas, con un déficit proyectado para el año 2025.
 
El dato
 
La Corte Constitucional también ha ordenado que los Presupuestos Máximos correspondientes a cada mes de 2025 sean pagados dentro de los 15 primeros días de cada período, y los meses de enero y febrero deberán ser cancelados dentro de los 10 últimos días de febrero. Por último, la Corte advirtió que los retrasos en los pagos y la falta de soluciones estructurales amenazan la sostenibilidad financiera de las EPS y el acceso efectivo de los pacientes a los servicios de Salud.

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