Edición Médica

Redacción. Bogotá

El Gobierno del presidente Gustavo Petro llega al cierre de su mandato con un sistema de salud que enfrenta mayores tensiones en materia de aseguramiento, sostenibilidad financiera, acceso a los servicios y salud pública. Así lo señala el informe 'Corte de cuentas del sector salud durante el Gobierno 2022–2026', elaborado por Así Vamos en Salud, el cual presenta un balance comparativo entre las condiciones del sistema al inicio de la administración, en agosto de 2022, y el panorama con el que culmina el periodo presidencial.

El análisis revisa las principales decisiones adoptadas durante el cuatrienio, entre ellas las intervenciones a varias EPS, los cambios en la administración de los recursos, la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio y el trámite de la reforma estructural al sistema, que finalmente no logró convertirse en ley.

Según el documento, aunque el periodo estuvo marcado por profundas transformaciones institucionales, varios indicadores evidencian un deterioro en la operación del sistema y plantean importantes retos para la siguiente administración.

Cinco dimensiones para evaluar el estado del sistema

La metodología del informe analiza cinco componentes estratégicos: el acceso a los servicios y la experiencia de los usuarios; la sostenibilidad financiera del aseguramiento; la salud pública y la vigilancia epidemiológica; la implementación del modelo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG); y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008.

Para ello, Así Vamos en Salud ha consolidado información proveniente del Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el DANE, la Corte Constitucional y el FOMAG, priorizando las bases de datos consideradas más consistentes ante las diferencias de reporte entre entidades.

Retrocede la cobertura y aumentan las barreras de acceso

Uno de los principales hallazgos del informe corresponde a la disminución de la cobertura del aseguramiento. Mientras en junio de 2022 el sistema registraba una afiliación del 99,61 por ciento, para enero de 2026 esta descendió al 98,23 por ciento, lo que representa que poco más de un millón de personas dejaron de estar cubiertas durante el periodo analizado.

La atención ambulatoria también mostró un comportamiento irregular. Aunque alcanzó un máximo de 17,91 millones de personas atendidas durante el primer semestre de 2024, el crecimiento no logró sostenerse y al cierre de 2025 regresó prácticamente al mismo nivel observado al inicio del Gobierno, con 13,77 millones de personas atendidas.

El informe también advierte una reducción en los servicios de urgencias y hospitalización, pese a que continúa la percepción de alta ocupación y sobrecarga asistencial entre los trabajadores de la salud.

Paralelamente, crecieron de forma significativa los mecanismos de reclamación de los usuarios. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) pasaron de 1,14 millones en 2022 a más de 2,04 millones en 2025, mientras que las tutelas relacionadas con el derecho a la salud alcanzaron las 312.573 durante el último año evaluado, casi el doble frente a los niveles registrados al inicio del cuatrienio.

Persisten las brechas en la infraestructura hospitalaria

Aunque el número de camas generales para adultos aumentó durante los últimos cuatro años, la infraestructura destinada a la atención materna, perinatal y neonatal presentó una reducción.

La densidad hospitalaria pasó de 1,93 a 1,9 camas por cada mil habitantes y las camas destinadas a la atención del parto disminuyeron 18 por ciento, hasta ubicarse en 3.156 unidades.

El informe también señala que la oferta continúa altamente concentrada en algunos territorios. Bogotá y Antioquia reúnen cerca del 30 por ciento de las camas para adultos disponibles en el país, mientras departamentos con mayores dificultades de acceso siguen presentando baja capacidad instalada.

A ello se suma el cierre definitivo de 4.104 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) entre 2021 y 2025. Bogotá encabezó el número de cierres con 580 instituciones, seguida por Antioquia (273), Atlántico (268) y Cali (227). Dado que cerca del 69 por ciento de las IPS del país pertenecen al sector privado, el informe advierte que las dificultades financieras de este segmento afectan directamente la capacidad de prestación de servicios.

Las intervenciones a EPS no redujeron la inconformidad de los usuarios

Las intervenciones administrativas ordenadas por la Superintendencia Nacional de Salud fueron uno de los ejes de la política sanitaria durante el Gobierno Petro. Entre las entidades intervenidas figuran Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. No obstante, Así Vamos en Salud concluye que estas medidas no lograron reducir de manera general las reclamaciones de los afiliados.

Después de las intervenciones, las PQRS aumentaron 44 por ciento en Nueva EPS, 41 por ciento en Famisanar, 27 por ciento en Sanitas y 11 por ciento en Servicio Occidental de Salud. Aunque Asmet Salud, Capresoca y Emssanar mostraron reducciones posteriores, el comportamiento fue heterogéneo entre las entidades. Al finalizar 2025, seis de cada diez reclamaciones del sistema provenían de EPS intervenidas.

Mayor presupuesto, pero con un deterioro financiero más profundo

El informe también concluye que el incremento de los recursos destinados al sistema no se tradujo en una recuperación financiera del aseguramiento. El presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud pasó de 73,8 billones de pesos en 2022 a 114,9 billones en 2026. Sin embargo, los indicadores financieros continuaron deteriorándose.

El patrimonio agregado de las EPS pasó de un saldo negativo de 2,33 billones de pesos a pérdidas patrimoniales cercanas a 18,7 billones en mayo de 2026, mientras las pérdidas operacionales prácticamente se duplicaron hasta alcanzar 8,65 billones en 2025.

De igual manera, el endeudamiento agregado aumentó de 1,11 a 1,93 y la siniestralidad global pasó de 103 a 109 por ciento, reflejando que los costos de atención continúan superando los ingresos de las entidades.

El análisis también identifica dificultades en la ejecución de los presupuestos máximos, debido a asignaciones incompletas y tardías de recursos para financiar tecnologías y servicios no cubiertos por la UPC, situación que incrementó las presiones de liquidez sobre EPS, IPS y proveedores.

Falta información financiera de Nueva EPS

Así Vamos en Salud advierte que el balance financiero del sector presenta una limitación importante: los estados financieros oficiales de Nueva EPS correspondientes a 2024 y 2025 aún no han sido reportados ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Aunque el informe incorpora las cifras divulgadas por la propia entidad de forma independiente, aclara que estas no hacen parte de la información oficial consolidada.

Según esos datos, Nueva EPS habría registrado un patrimonio negativo de 11,9 billones de pesos en 2024, además de pérdidas operacionales por 6,5 billones en 2023 y 4,8 billones en 2024, por lo que la incorporación futura de esta información podría mostrar un deterioro aún mayor del aseguramiento.

El nuevo modelo del magisterio terminó con déficit patrimonial

Otro de los capítulos evaluados corresponde a la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, puesto en marcha en mayo de 2024 bajo la administración directa de Fiduprevisora.

El informe concluye que el esquema cerró con un desequilibrio financiero estructural. Durante 2025, el FOMAG recaudó 3,66 billones de pesos, pero ejecutó 4,11 billones, generando un déficit cercano a 450.000 millones.

Además, el patrimonio pasó de un saldo positivo de un billón de pesos en 2022 a un patrimonio negativo de 3,01 billones en 2025, mientras el índice de endeudamiento aumentó de 0,79 a 1,77.

Brotes epidemiológicos y brechas persistentes en vacunación

En salud pública, el informe identifica un incremento de enfermedades transmisibles y marcadas diferencias territoriales en coberturas de vacunación. Durante 2024 Colombia notificó 320.982 casos de dengue y 127.600 de malaria. Asimismo, la fiebre amarilla pasó de no registrar casos en 2022 a acumular 125 contagios y 46 muertes en 2025.

La tosferina también mostró un aumento importante, pasando de 110 casos en 2022 a 1.207 casos y 32 fallecimientos tres años después. En materia de inmunización, el análisis evidencia desigualdades regionales. Mientras Bogotá alcanzó una cobertura del 99,32 por ciento para la tercera dosis de la vacuna pentavalente, Vichada registró apenas 52,94 por ciento.

La vacunación contra el virus del papiloma humano también permaneció alrededor del 60 por ciento, muy por debajo del umbral del 90 por ciento recomendado internacionalmente.

Un sistema que requerirá estabilización

Como conclusión, Así Vamos en Salud señala que el próximo Gobierno recibirá un sistema de salud con fragilidad financiera, mayores tensiones entre usuarios e instituciones, desafíos en salud pública y un deterioro en varios indicadores de acceso y sostenibilidad.

El informe sostiene que uno de los principales retos de la próxima administración será recuperar la estabilidad operativa del sistema, garantizar la continuidad de consultas, medicamentos, procedimientos diagnósticos y tratamientos, así como fortalecer el flujo de recursos hacia la red prestadora para evitar un mayor deterioro de la atención.