Edición Médica

Carolina Corcho, vicepresidenta de la FMC.

Redacción. Bogotá
Alrededor de 130 organizaciones Médicas, sindicales, ciudadanas y civiles, han solicitado se archive o se retire el proyecto de Ley 010 de 2020, que ha causado polémica ya que varias entidades de Salud han manifestado que este proyecto, reformaría la Salud en el país.
 
Varias agremiaciones Médicas y representantes de la Salud, han estipulado, a través de una carta que, la iniciativa que trata las “disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015”, afectarían de cierta forma, la prestación de los servicios de Salud de los colombianos.
 
De igual manera, en la carta también se ha destacado que, en cuanto a lo planteado en el proyecto, la reforma representa una burla para los trabajadores y trabajadoras de la Salud, “dado que la iniciativa es irrelevante, solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector”, ha señalado la carta.
 
Durante una rueda de prensa, Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), ha afirmado que dentro del proyecto de ley se han encontrado numerosas deficiencias que ponen en riesgo la atención de los usuarios en los centros de Salud de todo el territorio nacional.
 
“El Gobierno lo presenta con mensaje de urgencia y eso nos preocupa porque este es un tema de alta envergadura. Es una reforma que toca todos los temas dentro del sector salud y el mensaje de urgencia implica pocos debates, con un Congreso de la República que no está sesionando personalmente y que está tomando decisiones virtuales”, ha enfatizado Corcho.
 
Asimismo, la vicepresidenta de la FMC ha asegurado que es falso aseverar que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) vayan a desaparecer, Corcho ha afirmado que esas entidades simplemente se reglamentarán y serán puestas a disposición de los usuarios, pero con otros nombres.
 
“El proyecto de ley tiene disposiciones que ya están en la legislación colombiana de manera inconstitucional a nuestro juicio, por la vía de resoluciones y decretos de los ministros de salud. Las EPS se les cambia por el nombre de 'aseguradoras' y aspiran ser un oligopolio, ya que de 48 entidades se pasa a 10 y se concentran los recursos de la Salud en unos pocos”, ha denotado la vicepresidenta.
 
Adicional a ello, Corcho ha mencionado que, “en Colombia se ha tenido un millón 200 mil quejas, solicitudes, reclamos y derechos ante la Supersalud solo hasta junio y anualmente el reporte es de 200 mil tutelas reclamando el derecho a la salud, lo que nos muestra que las EPS han fallado en la prestación de los servicios”.
 
Cabe recalcar que la vicepresidenta también ha destacado que, existen diversos artículos en el proyecto de ley que afectan notablemente a los usuarios y pacientes en general, ya que, “se aumenta el gasto del bolsillo de los colombianos”.
 
Por ello, Corcho ha asegurado que, "no se tiene en cuenta que estos incumplimientos se dan porque las EPS suspenden las citas y no entregan medicamentos entre otras barreras, para no prestar el servicio de Salud".
 
De igual forma, Corcho a concluido que este proyecto “es una iniciativa irrelevante, porque solo se ocupa de enunciados exhortativos sin carácter vinculante y recaba sobre normatividad existente, sin resolver los problemas de precarización laboral en los establecimientos públicos y privados del sector".
 
Finalmente, la carta ha puntualizando que, “el articulado en cuestión no resuelve la profunda crisis de la salud en que venía el sistema actual, que es humanitaria, ética, financiera, de derechos humanos, de salud pública, de transparencia institucional, y profundiza los determinantes de una crisis que ha sido develada por la pandemia, ampliamente vivida, sufrida y conocida por la sociedad colombiana”.

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