Edición Médica

La primera mesa nacional de diálogo se ha llevado a cabo en Bogotá.

Redacción. Bogotá
En respuesta a la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud en Colombia y al aumento sostenido de las barreras de acceso a servicios, tratamientos y medicamentos, la Defensoría del Pueblo activó la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), iniciando este proceso con la Nueva EPS.
 
La primera mesa nacional de diálogo se ha llevado a cabo en Bogotá y marca el inicio de un mecanismo de articulación interinstitucional con las EPS, con enfoque territorial, orientado a activar respuestas urgentes frente a situaciones que comprometen los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los afiliados.
 
Según ha explicado la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la estrategia se sustenta en los hallazgos del informe defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” y en el seguimiento adelantado a través de los Puestos de Mando Unificado en salud, desarrollados en 17 departamentos y 20 regionales de la entidad. Estas acciones han involucrado más de 50 reuniones interinstitucionales y tienen un impacto potencial sobre más de 20 millones de personas.
 
Entre 2022 y 2025, la Defensoría del Pueblo recibió cerca de 107.000 quejas relacionadas con la vulneración del derecho a la salud, siendo las demoras y la negación en la entrega de medicamentos una de las principales causas.
 
En el caso específico de Nueva EPS, se han registrado 14.603 quejas entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un incremento del 107 por ciento frente al año anterior. La situación es especialmente crítica para los pacientes de alto costo: entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportaron cerca de 5.000 quejas, de las cuales 1.100 se concentraron en los primeros 20 días de enero, lo que evidencia una agudización reciente de las barreras de acceso.
 
Objetivos y alcance del DIPSA
 
La mesa de diálogo tuvo como propósito general ejecutar un proceso de coordinación interinstitucional que permita activar respuestas inmediatas y efectivas ante problemáticas críticas en la prestación de servicios de salud. De manera específica, se buscó remover barreras operativas, fortalecer la articulación territorial, activar responsabilidades institucionales y definir rutas claras y ágiles de atención, en particular para casos de urgencia vital.
 
En la jornada participaron el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la ADRES y directivos de Nueva EPS. Asimismo, se priorizaron territorios con alta concentración de afiliados, entre ellos Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Chocó, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander.
 
Compromisos definidos
 
Durante el encuentro se acordaron medidas orientadas a fortalecer la respuesta institucional. Nueva EPS informó que ya cuenta con un directorio de contactos y rutas de atención regionalizadas, las cuales serán objeto de seguimiento permanente. En materia financiera, se revisará el proceso de estabilización de pagos conforme a la propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, con verificación del cumplimiento de los acuerdos existentes.
 
Adicional a ello, se ha definido avanzar en la estabilización de los gestores farmacéuticos mediante entregas masivas de medicamentos, la resolución de pendientes acumulados y la implementación de operadores específicos para la entrega domiciliaria. En el ámbito judicial, se priorizará el cumplimiento oportuno de acciones populares y tutelas, así como el seguimiento a procesos que puedan afectar la continuidad del servicio.
 
“La estrategia DIPSA se consolida como un mecanismo estructurado de diálogo con las EPS, orientado a la activación de compromisos operativos inmediatos”, ha señalado la defensora Iris Marín Ortiz.
 
La Defensoría del Pueblo ha reiterado su llamado a todos los actores del sistema de salud para adoptar medidas urgentes que permitan superar las barreras de acceso y garantizar la protección efectiva del derecho fundamental a la salud, especialmente en poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad.

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