Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
En respuesta a recientes anuncios de cierre y suspensión de servicios en instituciones privadas de Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social ha asegurado que el sistema de salud colombiano no atraviesa un desmonte hospitalario, sino una crisis derivada de las fallas estructurales del modelo de intermediación financiera encabezado por las EPS.
 
A través de un extenso pronunciamiento, la cartera sostuvo que el país ha fortalecido la oferta de servicios de salud desde 2022, con un balance positivo en apertura de hospitales y sedes asistenciales, acompañado de inversiones históricas en infraestructura sanitaria pública.
 
Según cifras oficiales del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), entre 2022 y 2025 se registraron 2.897 aperturas de hospitales frente a 1.790 cierres, así como 5.769 aperturas de sedes frente a 4.147 cierres, lo que representa un crecimiento cercano al 37 por ciento en la capacidad instalada del sistema.
 
“El país continúa ampliando infraestructura, capacidad hospitalaria y presencia territorial en salud”, ha indicado el Ministerio, al tiempo que rechazó las versiones que advierten un supuesto colapso generalizado del sistema sanitario colombiano.
 
Gobierno señala a EPS por crisis financiera de IPS
 
El pronunciamiento se produce en medio de las alertas emitidas por varias clínicas y hospitales privados debido a dificultades operativas asociadas al retraso en pagos por parte de las EPS.
 
El Ministerio afirmó que el Gobierno Nacional ha realizado de forma “mensual, puntual y oportuna” los giros correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), por lo que considera que el problema radica en la administración y destinación de esos recursos por parte de las aseguradoras.
 
En ese sentido, mencionó obligaciones acumuladas de EPS como Famisanar, Sanitas, Compensar y Nueva EPS con hospitales y clínicas del país, pese a que continúan recibiendo recursos públicos del sistema.
 
Para la cartera sanitaria, esta situación evidencia “profundas distorsiones” del modelo de intermediación y afecta especialmente a instituciones independientes que no pertenecen a redes integradas verticalmente con determinadas EPS.
 
“Algunos aseguradores priorizan el sostenimiento de sus propias clínicas o redes afines mientras otras instituciones independientes acumulan millonarias carteras y terminan entrando en crisis financiera”, ha advertido la cartera en un comunicado.
 
Más inversión pública y expansión de servicios
 
El Gobierno también defendió su política de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, señalando que durante esta administración se han invertido 4,4 billones de pesos en 1.882 proyectos de infraestructura en salud distribuidos en 609 municipios y 32 departamentos.
 
De acuerdo con el Ministerio, estas obras benefician a cerca de 16 millones de personas e incluyen expansión hospitalaria, recuperación de hospitales públicos y fortalecimiento de capacidades resolutivas en regiones históricamente desatendidas.
 
Asimismo, ha destacado la adquisición de 1.680 vehículos de transporte asistencial y la entrada en operación del primer buque hospital del país, el Benkos Biohó, destinado a la atención de comunidades del Pacífico colombiano.
 
Actualmente, Colombia cuenta con 158.901 servicios habilitados entre hospitales, centros de salud y consultorios, precisó la entidad.
 
IPS reportaron utilidades millonarias
 
El Ministerio también ha citado cifras de la Superintendencia Nacional de Salud que muestran que al menos 150 IPS reportaron utilidades netas por más de 7,1 billones de pesos en 2025.
 
Entre las instituciones con mayores utilidades aparecen Colmédica Medicina Prepagada, el Hospital Universitario del Valle, Colsanitas, la Fundación Santa Fe de Bogotá y varias clínicas regionales y ESE públicas.
 
Para el Gobierno, estos resultados evidencian que el sistema sí dispone de recursos suficientes y que la crisis no obedece a desfinanciación estatal, sino a problemas en el flujo y administración del dinero dentro del modelo asegurador.
 
El Ministerio aseguró además que la UPC pasó de 75,4 billones de pesos en 2022 a 96,4 billones proyectados para 2026, lo que representa un crecimiento real del 28 por ciento y un incremento equivalente a 21 billones de pesos.
 
Llamado a garantizar flujo oportuno de recursos
 
Finalmente, la cartera de Salud ha reiterado que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un sistema centrado en la garantía efectiva del derecho a la salud y no en una lógica “mercantilista”.
 
“Los recursos públicos de la salud deben traducirse en servicios oportunos para la población y no en mecanismos de concentración económica o privilegio para determinadas redes privadas”, ha concluido el Ministerio.
 
El pronunciamiento se conoce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno Nacional, las EPS y diversos actores del sector salud por la sostenibilidad financiera del sistema y el impacto que las deudas acumuladas están generando sobre la prestación de servicios en varias regiones del país.
 

---