Edición Médica

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor.

Redacción. Bogotá
La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia preventiva a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) tras identificar un deterioro financiero, jurídico y operativo sostenido en las EPS bajo intervención forzosa administrativa, situación que, según el organismo, representa una amenaza para la sostenibilidad del sistema y la continuidad en la prestación de los servicios de salud en Colombia.
 
El pronunciamiento, liderado por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez Becerra, concluye que las medidas de intervención implementadas hasta ahora no han logrado corregir los problemas estructurales de las entidades intervenidas y, en algunos casos, los indicadores muestran un agravamiento de la crisis.
 
EPS intervenidas mantienen indicadores críticos
 
La Contraloría ha evidenciado incumplimientos financieros y jurídicos en EPS como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS, las cuales presentan deterioro patrimonial, incremento del endeudamiento, aumento de pasivos y resultados operacionales negativos.
 
Uno de los hallazgos más sensibles corresponde a Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país, con aproximadamente 11,6 millones de usuarios. Según el órgano de control, la EPS no cuenta con estados financieros certificados ni dictaminados para 2024 y 2025, lo que limita la validación de su situación contable y financiera.
 
Además, la Contraloría ha identificado presuntos faltantes por 4,9 billones de pesos relacionados con reservas técnicas y otros 13,6 billones de pesos correspondientes a anticipos pendientes de legalización.
 
Incremento del endeudamiento y deterioro patrimonial
 
El informe también ha emitido una alerta sobre un incremento acelerado del endeudamiento en varias EPS intervenidas. En el caso de Savia Salud, el indicador pasó de 4,41 a 11,73, equivalente a un aumento del 166 por ciento.
 
Por su parte, Famisanar ha registrado un deterioro significativo al pasar de un indicador de endeudamiento de 1,00 a 4,08, ubicándose en una categoría considerada crítica por los parámetros financieros del sector.
 
De igual forma, la Contraloría ha reportado un agravamiento patrimonial en varias entidades. En Famisanar, por ejemplo, el patrimonio negativo pasó de -2,1 billones de pesos al inicio de la intervención a -3,3 billones de pesos a finales de 2025.
 
En el caso de Coosalud, los pasivos reportados crecieron de 1,88 billones de pesos en octubre de 2024 a 6,34 billones de pesos en 2025, reflejando mayores obligaciones con clínicas, hospitales y demás prestadores.
 
Riesgos para hospitales, medicamentos y continuidad asistencial
 
El organismo de control ha remarcado que el deterioro financiero de las EPS impacta directamente la operación de clínicas y hospitales, especialmente por retrasos en pagos a la red prestadora, proveedores y talento humano.
 
Asimismo, ha señalado que las EPS intervenidas mantienen niveles críticos en la entrega oportuna de medicamentos, situación que continúa generando presión asistencial, incremento de tutelas y deterioro en la percepción ciudadana frente al sistema.
 
De igual manera, la alerta del ente de control se ha referido a la limitada efectividad de las medidas de vigilancia y control adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
 
Otro de los hallazgos relevantes está relacionado con el incumplimiento de fallos judiciales asociados al derecho fundamental a la salud.
 
Según ha indicado el informe, ninguna de las ocho EPS intervenidas alcanza el 100 por ciento de cumplimiento en las órdenes derivadas de acciones de tutela. El caso más crítico corresponde a Emssanar, con apenas un 4,48 por ciento de cumplimiento.
 
Paralelamente, las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) en salud han alcanzado niveles históricos durante 2025, con más de 2 millones de registros, lo que representa un incremento del 27,4 por ciento frente al año anterior.
 
Nueva EPS ha encabezado el mayor número de reclamaciones con más de 518.000 casos, seguida por Salud Total y Sanitas. Las principales causas reportadas corresponden a demoras en asignación de citas y dificultades en la entrega de medicamentos.
 
Ante este panorama, la Contraloría convocará una mesa de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y las EPS intervenidas para revisar los hallazgos y hacer seguimiento a las medidas correctivas que se adopten.
 
“El sistema enfrenta una amenaza real sobre la continuidad del servicio y la sostenibilidad financiera”, ha advertido el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien insistió en la necesidad de fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control para evitar una profundización del daño patrimonial y social sobre el sistema de salud colombiano.
 

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