Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

 
Redacción. Bogotá
En cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido la Resolución 2640 de 2025, mediante la cual se adoptan medidas para agilizar la implementación del registro y el sistema de alertas sobre negaciones de servicios y tecnologías en salud, un instrumento clave para la protección del derecho fundamental a la salud en Colombia.
 
La resolución modifica parcialmente la Resolución 1632 de 2025 y da respuesta a lo ordenado en el Auto 2049 de 2025, proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. Su objetivo central es mejorar la transparencia, trazabilidad y control frente a las negaciones injustificadas de servicios médicos tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
 
Integración de múltiples fuentes de información
 
Uno de los principales ajustes introducidos por la Resolución 2640 es la incorporación del autorreporte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como fuente oficial de información para identificar negaciones de servicios y tecnologías en salud. Este autorreporte se suma a otras fuentes ya existentes, como las quejas y reclamos de los usuarios, las acciones de tutela y los registros de sistemas de información como MIPRES.

El Ministerio prevé fortalecer el registro y del sistema de alertas mejorando la visibilidad del problema, no obstante, la medida continúa siendo esencialmente reactiva, ya que, el sistema identificará la negación después de ocurrida, pero no menciona incentivos estructurales claros para que las EPS eviten negar servicios desde el inicio.
 
Con esta medida, el Ministerio busca consolidar un ecosistema de información más robusto y confiable, que permita identificar patrones de negación, causas recurrentes y eventuales incumplimientos normativos por parte de los aseguradores.
 
De acuerdo con la cartera de Salud, la integración de múltiples fuentes de información fortalece la capacidad de la Superintendencia Nacional de Salud para ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control. En particular, permitirá una supervisión más oportuna y efectiva de las negaciones de servicios, con datos trazables y verificables que respalden las actuaciones administrativas y sancionatorias cuando haya lugar.
 
Nuevos plazos de implementación
 
La Resolución 2640 también redefine los plazos de implementación del sistema de registro y del mecanismo de alarmas. De acuerdo con lo dispuesto, el registro de servicios y tecnologías negados deberá estar operativo a más tardar el 1 de enero de 2026, con al menos dos fuentes de información activas.
 
Las demás disposiciones relacionadas con la identificación, seguimiento y control de las negaciones deberán implementarse antes del 31 de enero de 2026, bajo un esquema progresivo que tenga en cuenta la capacidad técnica y operativa de las entidades involucradas.
 
Desde la perspectiva del sistema de salud, esta resolución representa un paso adicional hacia un modelo más transparente y responsable, orientado a reducir barreras de acceso injustificadas y a garantizar la continuidad de la atención. Sin embargo, la resolución no establece con claridad cómo el sistema de alertas impactará de forma directa y oportuna la toma de decisiones clínicas.
 
Aunque los plazos definidos (enero de 2026) sean positivos, existe el riesgo de una implementación meramente formal, orientada a cumplir con el requerimiento judicial más que a transformar las prácticas de aseguramiento. El Ministerio tendrá la responsabilidad de garantizar que los sistemas de información en salud no entren en operación con baja interoperabilidad, subutilización y débil análisis de datos.
 
El dato
 
El Ministerio de Salud ha indicado que comunicará los ajustes necesarios a la Superintendencia Nacional de Salud y a la ADRES, con el fin de asegurar una implementación adecuada y coordinada de las disposiciones contenidas en la Resolución 2640 de 2025.
 

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