Persisten las barreras para acceder al aborto legal en Colombia, según informe
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres documentó fallas sistémicas que incluyen desde el cobro indebido de copagos hasta el uso de métodos obsoletos
La negación del servicio incrementa en un 2,5 por ciento el riesgo de muerte materna.
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Redacción. Bogotá
A dos décadas de su fundación, la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha presentado un análisis exhaustivo de las barreras que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia.
El informe titulado "Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento", también detalló el impacto que el acompañamiento jurídico y psicosocial ha tenido en la garantía de su autonomía reproductiva.
El informe ha documentado la atención de 2.532 casos en el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. A partir de esta experiencia, la organización propone una clasificación de seis categorías de barreras: estructurales, relacionadas con la autogestión del aborto, vinculadas al marco normativo, de acceso a la información y desinformación, del sistema de salud, y personales e interpersonales de quienes buscan abortar.
"Estas barreras se ubican en el universo de lo social, cultural, económico, político y del orden de género, que van más allá de la garantía de la IVE y definen el orden social", se ha explicado en el documento.
Uno de los hallazgos más críticos del informe se concentra en las fallas del sistema de salud. "De los casos atendidos por La Mesa, el 9,7 por ciento de las mujeres tuvieron que trasladarse de municipio para acceder al servicio por falta de personal capacitado o de insumos en sus territorios, teniendo a Bogotá como destino en el 43,1 por ciento de estos casos", ha determinado el estudio.
Además, se ha denunciado "el cobro indebido de copagos y cuotas moderadoras, lo cual vulnera la gratuidad establecida en la Resolución 051 de 2023, convirtiendo la capacidad económica en un criterio de acceso".
En cuanto a la calidad técnica de la atención, las cifras son alarmantes y en el análisis "se identificó la escasez de medicamentos esenciales (Mifepristona y Misoprostol), el uso de métodos obsoletos como el legrado (proscrito por la OMS) y la falta de entrenamiento médico para procedimientos en el segundo y tercer trimestre".
El informe también documenta casos de violencia obstétrica ejercida por el personal sanitario, que incluye "maltrato a las mujeres, disminuyendo su autonomía mediante regaños, humillaciones, amenazas" y la falta de respuesta a sus pedidos de ayuda.
El costo de la negación: muerte, deserción escolar y pobreza
Las consecuencias de no acceder al servicio de IVE están documentadas con cifras concretas. Según el informe, "la negación incrementa en un 2,5 por ciento el riesgo de muerte en los nueve meses siguientes, esto debido principalmente por procedimientos de aborto inseguro (septicemia e infecciones), además genera problemas de salud persistentes a largo plazo".
El impacto se extiende también a los hijos e hijas que las mujeres ya tenían antes de solicitar el aborto. El documento ha indicado que, tras la negación del servicio, "la probabilidad de asistir a la escuela cae en un 34 por ciento" y "aumenta en un 10 por ciento la probabilidad de que deban contribuir económicamente al sostenimiento de la familia".
En el plano individual, "las mujeres a las que se les niega el aborto tienen 27 por ciento más de probabilidad de convertirse en madres solteras y tienen un mayor riesgo de divorcio o separación", así como "la negación reduce en un 10 por ciento la probabilidad de obtener el diploma de bachillerato" y "la participación laboral cae un 15 por ciento".
Además, el estudio ha identificado deficiencias incluso después de que las mujeres logran acceder al procedimiento. "En uno de los casos acompañados dentro del periodo de reporte, la mujer indicó que, en su EPS, previo al procedimiento, le pidieron informar el método que usará, dado que era obligatorio para la autorización, condicionando así su acceso al uso de un método anticonceptivo, en contraposición con las directivas de la Ruta Integral de Atención a la IVE y afectando su libertad reproductiva".
Acompañamiento, la herramienta de transformación
Pese al panorama adverso, el informe concluye que "el acompañamiento de La Mesa a mujeres, niñas y adolescentes que han tenido barreras de acceso a la IVE, ha contribuido a la garantía de su autonomía reproductiva". Para la organización, "este no es un logro menor, pues representa el corazón de nuestro trabajo y se materializa en la vida de las mujeres".
El documento destaca que este trabajo "ha contribuido a logros y avances en la definición y el abordaje del derecho a la IVE en Colombia desde la perspectiva legal, política y social".
No obstante, el informe ha cerrado con un llamado explícito al Estado a que "este trabajo continuará, e irá de la mano siempre con un llamado al Estado colombiano por el avance en la implementación del marco normativo de los derechos sexuales y reproductivos, con enfoque de justicia reproductiva que elimine las brechas de acceso que todavía castigan a las mujeres, personas trans y no binarias más vulnerables".