Edición Médica

Roberto Jairo Jaramillo, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Mientras la Comisión Accidental, creada para analizar los 72 Artículos que aún le faltan al Proyecto de Ley 339 de 2023, Reforma al Sistema de Salud, se prepara para volver a plenaria de la Cámara de Representantes, por lo menos 900 hospitales públicos del país afrontan una grave crisis financiera, al punto analizar un eventual cierre.
 
Aunque algunas instituciones públicas de salud han recuperado parte de la cartera que adeudan las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), la mayoría sigue en serias dificultades financieras. En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), ha remarcado que “las deudas de las EPS no sólo impiden la fluidez financiera, sino que ponen a las IPS a responsabilizarse de las deudas porque nadie les paga lo adeudado”.
 
En ese sentido, el presidente de la FND ha solicitado al Gobierno Nacional una intervención urgente de la situación para resolver la crisis que se está presentando en los hospitales públicos del país.
 
A este llamado se han sumado los rectores de varias universidades del país, entre las que se citan: la Corporación Universitaria Lasallista, universidad CES, universidad EAFIT, universidad EIA, universidad de Medellín, universidad Nacional y la universidad Pontificia Bolivariana y piden que se asegure el flujo de los recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades de salud de la población.
 
Además, los rectores de las siete universidades firmantes del comunicado han instado al Gobierno para que se preserve y se fortalezca el sistema de Salud como un patrimonio compartido. Reiteran “así como las EPS acumularon pérdidas cercanas a 5.6 billones, según datos de Superintendencia Nacional de Salud, la cartera en riesgo de las IPS también ha registrado niveles preocupantes”.
 
En el análisis de los rectores han asegurado que, tanto el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el cual es reconocido a las EPS y los recursos provenientes de los Presupuestos Máximos han registrado insuficiencia para financiar los servicios y las tecnologías.
 
Asimismo, en el análisis han insistido en que el presupuesto de 2023 de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es inferior a un 50 por ciento de lo que se requerirá para mantener la asignación de Presupuestos Máximos de 2023 y ponerse al día con los ajustes de 2021 y 2022.
 
Los rectores, a través de Manuel Acevedo Jaramillo, rector de la universidad CES y vocero del comunicado ha expresado que, “la crítica situación actual de liquidez, el posible retroceso que impactaría la cobertura y la obligación del Gobierno de garantizar la financiación sostenible de los servicios de salud, son algunos de los llamados que hacemos de manera urgente para que se garantice la Salud como un derecho humano”.  
“En los treinta años que han pasado desde su creación, el sistema de salud ha logrado avances importantes. El país ha alcanzado una cobertura casi universal 99.7 por ciento según datos del DANE y el MinSalud y los principales logros se evidencian especialmente en las familias de más bajos ingresos. Hemos consolidado un plan de beneficios en salud amplio, con más procedimientos y medicamentos cubiertos, que la mayoría de los países”, han añadido.
 
Los rectores a través de Acevedo Jaramillo han manifestado preocupación ante “la delicada realidad financiera que enfrenta el sistema y sus posibles consecuencias, en términos de una disminución en la calidad y oportunidad en la prestación del servicio”.
 
“Es deber del Gobierno Nacional y compromiso de todos los actores del sector contribuir a la superación de esta situación. Por esto, las universidades firmantes, desde nuestras capacidades y el análisis del contexto, nos sentimos en la responsabilidad de llamar la atención sobre la crisis que atraviesa el sistema”, han concluido.

---