Edición Médica

Tramientos Vitales, no opcionales: la consigna de los pacientes. Foto: @Pacientesco.

Redacción. Bogotá
En medio del aumento de quejas ciudadanas y denuncias sobre barreras de acceso a servicios y medicamentos, el Ministerio de Salud y Protección Social reiteró que el sistema de salud colombiano no enfrenta un problema de desfinanciación estructural, sino desafíos persistentes en la gestión, uso y traducción efectiva de los recursos en atención oportuna y de calidad. Según la cartera, el análisis de los recursos a precios constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación, evidencia un crecimiento real del presupuesto en salud, lo que obliga a reorientar el debate hacia la eficiencia, la transparencia y los resultados asistenciales.
 
La declaración ministerial se produce en un contexto de creciente presión por parte de pacientes, veedurías y gremios, que alertan sobre fallas recurrentes en la entrega de medicamentos, suspensión de tratamientos complejos y deficiencias en la comunicación por parte de EPS bajo intervención estatal. Para estos actores, la falta de respuestas claras y oportunas continúa afectando la continuidad del cuidado, especialmente en poblaciones con enfermedades huérfanas y de alto costo.
 
Desde la Superintendencia Nacional de Salud se ha señalado que no existe una correlación directa entre las medidas de intervención administrativa y el incremento de quejas y reclamos. No obstante, organizaciones de pacientes insisten en que, en la práctica, las decisiones adoptadas han derivado en vulneraciones al derecho fundamental a la salud. La Asociación de Pacientes de Alto Costo ha advertido sobre impactos directos en el acceso a terapias y medicamentos esenciales en EPS intervenidas.
 
Las cifras de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (PQRDS) aportan un matiz relevante al análisis. De acuerdo con datos de la Supersalud, las EPS con mayores tasas de PQRDS acumuladas no corresponden mayoritariamente a entidades intervenidas. Comfenalco Valle encabeza el listado con una tasa de 643,56 reclamos por cada 10.000 afiliados, seguida de SOS (584,80) y Capital Salud (582,50), ambas sin medida de intervención. Nueva EPS, con una tasa de 439,08, se ubica por debajo de otras EPS no intervenidas como Sanitas, Sura, Salud Total y Compensar.
 
Estos indicadores refuerzan la necesidad de analizar la calidad de la atención y la experiencia del usuario más allá del estatus administrativo de las aseguradoras.
 
Desde la red pública hospitalaria, la preocupación se centra en la sostenibilidad financiera. La directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) ha señalado en medios locales que, tras las intervenciones a varias EPS, persisten vacíos en la trazabilidad de los recursos y riesgos de pérdida de cartera, lo que podría agravar la situación operativa de los hospitales y afectar la seguridad del paciente.
 
El debate también se ha intensificado alrededor del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026. Mientras el Ministerio de Salud reporta un aumento promedio del 12,5 por ciento, con un 16,49 por ciento para el régimen subsidiado y un 9,03 por cientopara el contributivo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advierte que, al descontar la inflación de 2025 (5,10 por ciento), el incremento real del régimen contributivo se reduce a entre 4 y 4,5 por ciento. Para el sector privado, esta diferencia amplía la brecha entre los costos reales de la atención y los ingresos reconocidos por el sistema.
 
A este panorama se suman las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien atribuye parte de la crisis a un modelo de aseguramiento que, según su posición, priorizó la rentabilidad financiera, precarizó las condiciones laborales del personal de salud y debilitó la atención preventiva y primaria, generando congestión en los servicios de urgencias y limitando el impacto de los avances científicos en la salud poblacional.
 
En paralelo, se desarrollan esfuerzos de articulación institucional para mitigar los efectos de la crisis sobre los pacientes. La Defensoría del Pueblo participó recientemente en una mesa de trabajo con Famisanar EPS, asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple, veedurías ciudadanas y la Procuraduría General de la Nación. En este espacio se acordaron medidas orientadas a mejorar la comunicación, clarificar rutas de atención por territorio, garantizar la entrega oportuna de medicamentos y fortalecer la participación efectiva de las organizaciones de pacientes en los procesos de reorganización de la EPS.
 
Este escenario plantea retos críticos en términos de continuidad asistencial, calidad del cuidado y seguridad del paciente. Más allá del debate político y financiero, los indicadores de PQRDS, las alertas de pacientes y la situación de la red hospitalaria evidencian la urgencia de fortalecer la gobernanza del sistema, asegurar flujos financieros oportunos y garantizar que el crecimiento real de los recursos se traduzca en resultados clínicos, acceso efectivo y atención digna para la población.
 

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