Edición Médica

Asmet Salud EPS atiende a 1.587.012 afiliados en el país.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha reiterado que Asmet Salud EPS no se encuentra en proceso de liquidación ni enfrenta una orden de cierre, y que la medida de intervención administrativa vigente no implica la suspensión de servicios para sus afiliados. La entidad ha enfatizado que cualquier eventual decisión de liquidación solo podría adoptarse mediante acto administrativo debidamente sustentado en criterios técnicos, financieros y jurídicos, y comunicado exclusivamente por los canales oficiales.
 
Actualmente, Asmet Salud EPS atiende a 1.587.012 afiliados en el país. De acuerdo con la Supersalud, tras la intervención administrativa se han evidenciado avances en la estabilización de indicadores financieros, mejoras en la oportunidad de la prestación de los servicios y cumplimiento progresivo de las órdenes impartidas por el ente de control.
 
No obstante, en el ámbito territorial persiste un escenario crítico para la red pública hospitalaria, particularmente en Risaralda. Hace varios días, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AISALUD), ha alertado sobre la grave crisis financiera que atraviesan las Empresas Sociales del Estado (ESE) del departamento, derivada del insuficiente flujo de recursos por parte de varias EPS, entre ellas Nueva EPS, Asmet Salud y Pijao Salud.
 
Según lo expuesto en reuniones con gerentes hospitalarios, la deuda acumulada de estas EPS con la red pública de Risaralda supera los 116.000 millones de pesos, lo que ha generado una asfixia financiera que compromete la continuidad de los servicios. La falta de liquidez ha impedido la contratación de personal, la adquisición de insumos y el sostenimiento de la operación regular en múltiples hospitales.
 
Impacto asistencial y riesgo de suspensión de servicios
 
Las consecuencias ya se reflejan en la atención: pacientes retenidos en servicios de baja complejidad por falta de acceso a oncología y salud mental, afectaciones al talento humano y restricciones progresivas en la oferta asistencial. Hospitales como el Hospital Universitario San Jorge de Pereira habían limitado servicios previamente, pero la situación actual se extiende a gran parte de la red y afecta a cerca de medio millón de afiliados en el departamento.
 
El gerente del Hospital Universitario San Jorge, Javier Alejandro Gaviria Murillo, ha detallado que al cierre de 2025 Nueva EPS acumulaba una cartera de 48.470 millones de pesos con la institución, y que los pagos mensuales no alcanzan a cubrir el 50 por ciento de lo facturado por los servicios prestados. El listado de mayores deudores lo completan Pijao Salud, con 30.822 millones de pesos, y Coosalud, con 25.826 millones. En total, la cartera de las EPS activas con el principal hospital de la región asciende a 194.585 millones de pesos.
 
Ante este panorama, varias ESE anunciaron que, de no registrarse pagos efectivos, se verán obligadas a suspender cirugías programadas, hospitalizaciones, consultas médicas y odontológicas, así como procedimientos diagnósticos y especializados, manteniendo únicamente la atención de urgencias vitales.
 
Exigencias del sector y rol de la Supersalud
 
Desde la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) se han exigido compromisos de pago claros, concretos y verificables por parte de las EPS y de los interventores designados, advirtiendo que la red hospitalaria ha llegado a un punto límite.
 
Frente a este contexto, la Supersalud precisó que, en su rol de inspección, vigilancia y control, no actúa como operador ni administrador de las EPS intervenidas, y que ejercerá de manera independiente sus funciones. La entidad advirtió que cualquier actuación u omisión que exceda las competencias de los interventores será objeto de medidas correctivas contundentes, sin perjuicio de las investigaciones que puedan adelantar otros organismos de control.
 
Se mantiene la tensión entre los procesos de intervención administrativa, la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras y la garantía efectiva de la continuidad asistencial. La evolución de los flujos de pago y las decisiones que se adopten en los próximos días serán determinantes para evitar una afectación mayor en el acceso y la calidad de la atención en la región.
 

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