Edición Médica

El Ministerio de Salud ha asegurado que la asignación de afiliados sería temporal.

Redacción. Bogotá
El proceso de reorganización territorial del aseguramiento en salud contemplado en el Decreto 0182 de 2026 ha generado preocupación entre los prestadores de servicios de salud, que alertan sobre posibles impactos financieros y operativos si se materializa el traslado de más de tres millones de afiliados a nuevas entidades aseguradoras, principalmente a Nueva EPS.

La advertencia fue planteada por la Unión de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que ha manifestado inquietud por el escenario en el que se implementaría la medida, marcado por intervenciones administrativas a varias EPS y por tensiones en el flujo de recursos hacia la red prestadora.
 
En medios locales, Jorge Toro, director del gremio, ha señalado que la reorganización del aseguramiento bajo las condiciones actuales podría afectar la calidad, oportunidad y acceso a los servicios de salud, tanto para los nuevos afiliados que serían trasladados como para los usuarios que ya hacen parte de las entidades receptoras.
 
Uno de los principales puntos de preocupación para los prestadores es la situación financiera de las entidades que recibirían a los nuevos afiliados. Según Toro, aún existe incertidumbre sobre el tamaño real de la cartera de Nueva EPS, en parte por la falta de publicación reciente de estados financieros completos.
 
A esta situación se suma que varias EPS intervenidas no estarían postulando la totalidad de las facturas al mecanismo de giro directo, lo que dificulta determinar con precisión el saldo real de las obligaciones con la red prestadora. En ese contexto, la Unión de las IPS indicó que actualmente adelanta el cierre de cifras para establecer el monto definitivo de la cartera al finalizar 2025.
 
Posibles impactos en la red de prestadores

El gremio también alertó sobre los efectos que la reorganización podría tener en la red de prestadores. Según Toro, la Nueva EPS estaría realizando ajustes en su red de servicios, lo que implicaría terminar contratos con algunas instituciones mientras se vinculan nuevas IPS para la atención de los usuarios.
 
Las preocupaciones también han sido expuestas por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), en una carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con respecto al alcance del decreto y sus efectos sobre la operación del aseguramiento y el flujo de recursos hacia las IPS.
 
La asociación ha reiterado que el decreto modifica varios artículos del Decreto 780 de 2016, incorporando un enfoque territorial y poblacional en la operación del aseguramiento. Aunque el gremio reconoce que este tipo de medidas podrían mejorar el acceso de los usuarios en condiciones ideales del sistema, advierte que el contexto actual dista de ese escenario.
 
Según ha subrayado la ACHC, el desempeño institucional de varias EPS y las dificultades en los pagos a la red prestadora condicionan la efectividad de cualquier reorganización del aseguramiento, especialmente si esta implica traslados masivos de afiliados o reconfiguración de redes sin resolver previamente los problemas financieros estructurales.
 
En ese sentido, el gremio ha planteado la necesidad de que el Gobierno adopte medidas que garanticen liquidez inmediata para los prestadores, con el fin de evitar mayores tensiones en la prestación de los servicios.
 
Gobierno defiende la medida y rechaza interpretaciones alarmistas
 
Frente a estas preocupaciones, el Ministerio de Salud y Protección Social ha rechazado las interpretaciones que calificó como imprecisas o alarmistas sobre el alcance del decreto. La cartera aclaró que la norma no tiene como objetivo trasladar afiliados de manera arbitraria, sino establecer mecanismos técnicos de asignación cuando una EPS no garantice condiciones adecuadas de operación en un territorio.
 
Según el Ministerio, estas medidas buscan evitar interrupciones en la atención y proteger el derecho fundamental a la salud, garantizando la continuidad del servicio para los usuarios.
 
La entidad también ha precisado que la asignación de afiliados sería temporal y no eliminaría el derecho de libre elección, el cual podría ejercerse nuevamente una vez se estabilice la prestación de los servicios.
 
Asimismo, el Gobierno aseguró que la reorganización del aseguramiento responde a criterios técnicos relacionados con la capacidad operativa, el tamaño poblacional y la sostenibilidad financiera, con el objetivo de corregir problemas estructurales del sistema como la fragmentación de aseguradores y las dificultades en la prestación en zonas rurales y dispersas.
 

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