Edición Médica

Autoridades refuerzan que el derecho a la salud debe prevalecer en todo contexto. Foto: OPS

Redacción. Bogotá
La Nueva EPS ha manifestado su rechazo a la retención de funcionarios de la misión médica de la ESE Suroriental y de una promotora de la entidad, durante una jornada de salud realizada en el resguardo indígena de Segovia, corregimiento de Samoré, municipio de Toledo.
   
Según ha indicado la EPS, la situación se originó porque los medicamentos disponibles no fueron suficientes para atender la alta demanda de usuarios que asistieron a la actividad. Aunque se intentó manejar la contingencia, las circunstancias hicieron imposible garantizar la cobertura total. La entidad recalcó que esto no justifica la vulneración del derecho a la libre movilidad del personal sanitario, quien se encontraba cumpliendo funciones misionales.
 
Cabe mencionar que, el equipo fue liberado por la comunidad indígena la noche del 12 de agosto y llegó al casco urbano en buen estado. Nueva EPS reiteró su compromiso de fortalecer la cobertura y el acceso a los servicios de salud en todo el país, bajo el respeto y protección de los trabajadores del sector.
 
La posición de la comunidad U’wa

Por medio de un comunicado, la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa ha explicado que lo ocurrido fue una “exigencia legítima” del Cabildo, para que se cumpliera con la entrega completa de los medicamentos comprometidos para los pacientes atendidos en la jornada. Señalaron que dichos insumos no fueron entregados en su totalidad, lo que, han asegurado, vulnera el derecho fundamental a la salud, consagrado en el artículo 49 de la Constitución y respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
La comunidad también ha manifestado que esta no es una situación aislada, sino que responde a “una reiterada deficiencia y abandono en la prestación de los servicios de salud” hacia su población. Recalcaron que el trato hacia el personal médico fue en el marco del respeto y el diálogo pacífico, conforme a sus usos y costumbres ancestrales.
 
Asimismo, han solicitado la instalación de una mesa de trabajo con el Instituto Departamental de Salud para garantizar el suministro oportuno de medicamentos, e hicieron un llamado a varias entidades, entre ellas: la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos, el Ministerio del Interior y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger sus derechos fundamentales, garantizar su autonomía y prevenir afectaciones graves.
 
Un contexto nacional de creciente agresión a la misión médica

Este incidente ocurre en medio de un panorama preocupante para la seguridad del personal sanitario en Colombia. Hace una semana, el Ministerio de Salud y Protección Social rechazó de manera categórica las amenazas y actos de violencia basada en género contra la Misión Médica en Tolima, tras registrarse una nueva agresión contra la gerente del Hospital Santa Bárbara de Venadillo. Este caso se suma al ocurrido la semana anterior contra la gerente del Hospital La Candelaria de Purificación.
 
La cartera de Salud advirtió que estos hechos afectan de manera desproporcionada a médicas, enfermeras, técnicas, administrativas, gestoras comunitarias y voluntarias, quienes, en el cumplimiento de labores humanitarias, enfrentan no solo riesgos físicos, sino también discriminación y violencia estructural.
 
La convergencia de estas situaciones evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad para el personal sanitario, especialmente en zonas apartadas y de alta complejidad social, así como de garantizar el abastecimiento oportuno de insumos médicos para evitar tensiones con las comunidades y salvaguardar la misión médica.

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