Edición Médica

Jarbas Barbosa, director de la OPS.

Redacción. Bogotá
Los trastornos por consumo de drogas se consolidan como uno de los desafíos más críticos para la salud pública en la región de las Américas. De acuerdo con un análisis reciente publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública, estas condiciones se encuentran entre los diez principales factores de riesgo de mortalidad y discapacidad, con un impacto creciente sobre los sistemas de salud, las familias y las comunidades.
 
Según estimaciones del estudio sobre la Carga Mundial de Enfermedades 2021, en ese año 17,7 millones de personas en la región vivían con un trastorno por consumo de drogas, lo que se tradujo en cerca de 78.000 muertes directamente atribuibles, una tasa de mortalidad cuatro veces superior al promedio mundial. Este escenario evidencia una presión sostenida sobre los servicios sanitarios, particularmente en salud mental, urgencias y atención especializada.
 
El análisis señala que los trastornos por consumo de opioides concentran más del 75 por ciento de las muertes asociadas a estos trastornos, con una carga que ha aumentado de forma acelerada en las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2021, los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) casi se triplicaron, con un crecimiento anual cercano al 5 por ciento.
 
La afectación es desproporcionada en hombres jóvenes, aunque el incremento de la mortalidad entre mujeres plantea un reto adicional para los enfoques tradicionales de prevención y tratamiento. En América del Norte, el impacto se relaciona principalmente con el consumo de opioides sintéticos de alta potencia, como el fentanilo, así como con anfetaminas. En contraste, en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica predominan el cannabis y la cocaína como principales contribuyentes a la carga de enfermedad.
 
Más allá de las muertes directas, los autores estiman que 145.515 defunciones en 2021 estuvieron asociadas a condiciones atribuibles al consumo de drogas, como sobredosis, cirrosis, cáncer de hígado y suicidio. Esta cifra explica por qué los trastornos por consumo de sustancias figuran junto a factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad y el consumo de tabaco.
 
Durante la pandemia de COVID-19 se registraron aumentos significativos en los trastornos por consumo de opioides y anfetaminas. El estrés psicosocial, las interrupciones en la continuidad asistencial y el aislamiento social habrían exacerbado vulnerabilidades previas, profundizando brechas en acceso a tratamiento y seguimiento clínico.
 
Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el panorama actual demanda una respuesta urgente, integral y basada en evidencia. “Los trastornos por consumo de drogas son prevenibles y tratables, pero su impacto sigue aumentando en la región”, ha advertido el director de la OPS, Jarbas Barbosa, al subrayar la necesidad de ampliar los servicios de prevención, tratamiento y reducción de daños, especialmente en poblaciones jóvenes y de alto riesgo.
 
Entre las recomendaciones prioritarias se destacan: fortalecer programas preventivos, ampliar el acceso al tratamiento asistido con medicamentos para trastornos por consumo de opioides, integrar la atención del consumo de sustancias en la atención primaria y los servicios comunitarios, y mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica para anticipar tendencias emergentes, en particular frente a los opioides sintéticos y el consumo combinado de drogas.
 
Asimismo, la OPS ha enfatizado la importancia de enfoques sensibles al género, dada la creciente carga entre las mujeres, y del uso sistemático de herramientas validadas como el AUDIT y el ASSIST, reconocidas por su costo-efectividad en la detección temprana y la reducción de daños.
 
Estos hallazgos refuerzan la necesidad de situar la atención de la salud mental y del consumo de sustancias en el centro de los modelos de atención, con estrategias intersectoriales, liderazgo sanitario sólido y decisiones informadas por la evidencia epidemiológica, como vía para reducir una carga que continúa en ascenso en las Américas.
   

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