Edición Médica

El Grupo de Trabajo pidió establecer un mecanismo birregional de seguimiento y monitoreo.

Redacción. Bogotá
En Santa Marta, Colombia, más de 80 organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, reunidas en el Grupo de Trabajo de Sociedad Civil CELAC–UE (GTSC), destacaron los avances alcanzados durante la IV Cumbre CELAC–UE, en especial la adopción del Pacto Birregional de los Cuidados, considerado un paso clave hacia el reconocimiento del cuidado como derecho humano y la promoción de la igualdad de género.
 
El GTSC celebró que la agenda birregional incorpore el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y la participación de las organizaciones sociales como actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos. No obstante, hizo un llamado a los Estados a traducir los compromisos en acciones concretas, con mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y participación multiactor, así como a garantizar un financiamiento sostenible para la igualdad sustantiva de género.
 
El grupo también expresó preocupación por las crisis invisibilizadas que persisten en la región, como los conflictos armados internos, la violencia generalizada y las violaciones de derechos humanos que siguen generando desplazamientos forzados. Aunque el tema migratorio fue incluido en la declaración final, las organizaciones advirtieron que el enfoque resulta insuficiente al no abordar las causas estructurales ni garantizar medidas efectivas de protección e integración.
 
En cuanto a seguridad y gobernanza, el GTSC valoró el compromiso con la democracia y el Estado de derecho, pero lamentó que no se reconozca explícitamente la importancia de un espacio cívico abierto y protegido. Asimismo, acogió la declaración sobre seguridad ciudadana, aunque señaló la falta de adhesión de varios países, lo que debilita la respuesta frente al crimen organizado, la corrupción y los flujos financieros ilícitos.
 
En materia ambiental, el grupo instó a los gobiernos a cuestionar el modelo de desarrollo actual y a no limitar las transiciones justas a los marcos de la estrategia Global Gateway, abogando por políticas que prioricen la justicia climática, la equidad social y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.
 
Respecto a la cooperación económica, el GTSC reconoció la necesidad de una arquitectura financiera más inclusiva y justa, pero alertó sobre la centralidad del sector privado sin garantías ambientales ni de derechos humanos. Solicitó cláusulas vinculantes en los acuerdos comerciales, mayor transparencia en los proyectos de inversión y la priorización de una financiación pública y concesional orientada al alivio de la deuda y al fortalecimiento de la agenda de cuidados y climática.
 
Finalmente, el Grupo de Trabajo pidió establecer un mecanismo birregional de seguimiento y monitoreo que garantice la rendición de cuentas y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos durante la Cumbre, reafirmando el papel de la sociedad civil como pilar esencial en la construcción de una alianza equitativa entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

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