Edición Médica

Juan David Riveros, abogado de Keralty.

Redacción. Bogotá
La Corte Constitucional de Colombia ha revocado la intervención de la EPS Sanitas, declarando que fue “arbitraria e ilegal” y ordenando su restitución inmediata a los accionistas, así como la reactivación de su gobierno corporativo. La decisión representa un hito judicial que pone fin a 15 meses de intervención por parte del Estado, periodo que, según el Grupo Keralty, dejó consecuencias graves sobre la atención en salud y la sostenibilidad financiera del sistema.
   
Durante una rueda de prensa, el Grupo Keralty ha celebrado la decisión de la Corte Constitucional de anular la intervención de Sanitas EPS y restituyó sus órganos de gobierno. Sin embargo, sus directivos han alertado que el fallo no soluciona los problemas estructurales de financiación del sistema de Salud.
   
“El día de hoy trae una mezcla de sentimientos”, ha declarado Juan David Riveros, abogado de Keralty. “Nos alienta que la justicia responda ante actuaciones ilegales, pero también deja una profunda tristeza al evidenciar que la intervención del Gobierno buscó generar caos, afectar a millones de usuarios y desmoralizar a nuestros equipos de trabajo”.
   
Riveros ha advertido que la restitución de Sanitas EPS no remedia la crisis financiera que afrontan las EPS: “Los problemas del sistema de salud no se resuelven con esta sola decisión. La falta de compromiso estatal ha profundizado la asfixia financiera de las aseguradoras”.
 
Según ha indicado el documento de la Corte, la Superintendencia Nacional de Salud incurrió en “intervención arbitraria e ilegal” contra Sanitas, ordenando devolver la empresa a sus accionistas y restablecer sus órganos de administración. No obstante, Keralty recibió “una empresa devastada: financieramente comprometida, con redes fragmentadas, elevados niveles de quejas y tutelas, y servicios deteriorados”, ha puntualizado Riveros.
 
El abogado del grupo Keralty ha anunciado que en los próximos días analizarán el estado real de la gobernanza y la situación financiera de Sanitas. “En 10 a 15 días debemos recomponer la estructura de gobierno de la EPS”, sostuvo. Además, adelantó que Keralty prepara “una acción internacional con pretensiones resarcitorias” y exigirá “que se establezcan las responsabilidades individuales” detrás de la intervención.
 
Riveros ha concluido: “La estrategia del Gobierno intentó silenciarnos e impedir nuestra participación en la gestión de Sanitas. Hoy recuperamos esa voz y trabajaremos para que casos como este no se repitan”.
 
Cabe recordar que, la Corte Constitucional acogió la demanda interpuesta por Keralty y revocó la intervención de Sanitas EPS dispuesta por la Superintendencia Nacional de Salud. Desde abril de 2024, esta medida dejó a la EPS intervenida durante más de 15 meses, tras lo cual Keralty y otros accionistas denunciaron arbitrariedades, persecución administrativa y desmantelamiento de redes de atención. La sentencia ordena restablecer el gobierno corporativo y reparar el daño institucional causado.
 
Aunque la anulación de la intervención se ha resaltado como un triunfo jurídico, profesionales de la Salud y administradores de EPS coinciden en que la crisis financiera exige soluciones estructurales: ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), redistribución del riesgo y saneamiento de deudas. Sin estos cambios, advierten, la viabilidad del sistema seguirá en entredicho.

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