Edición Médica

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO.

Redacción. Bogotá
El sistema de salud colombiano atraviesa un momento crítico. Así lo ha advertido la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), tras conocerse el más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) entre 2019 y 2024.
 
El estudio del ente de control concluye que las medidas de intervención no han logrado mejorar de manera sustancial la sostenibilidad financiera ni la capacidad operativa de las entidades intervenidas. De hecho, el 75 por ciento de las EAPB bajo intervención presenta un desempeño catalogado como “medio-bajo”, sin avances significativos en su recuperación.
 
Uno de los hallazgos más preocupantes es que 29,25 millones de afiliados, el 58 por ciento de la población asegurada, dependen actualmente de entidades con serias dificultades financieras y operativas, lo que se traduce en interrupciones en el acceso a medicamentos, diagnósticos y tratamientos esenciales.
 
El informe de la Contraloría ha remarcado un deterioro progresivo del sistema: la probabilidad de una crisis estructural pasó del 30 por ciento en 2019 al 49,5 por ciento en 2024, con una proyección que alcanzaría el 60,4 por ciento en 2026 si no se adoptan correctivos urgentes.
 
En este contexto, AFIDRO ha señalado que la reciente decisión de un gestor farmacéutico de suspender la prestación de servicios a la Nueva EPS a partir del 1 de enero de 2026 no constituye un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso financiero de las EAPB intervenidas.
 
Según ha indicado el informe, estas entidades acumulan deudas cercanas a los 9,3 billones de pesos con la red de prestadores, mientras que en algunos procesos de liquidación los gastos administrativos superan el 50 por ciento de los recursos disponibles, reduciendo la capacidad de pago a proveedores de medicamentos y servicios. Adicionalmente, la cartera vencida creció un 70 por ciento, afectando la continuidad de la cadena de suministro.
 
Impacto directo sobre pacientes y servicios
 
Para AFIDRO, la salida de operadores farmacéuticos ha evidenciado la pérdida total de capacidad de pago de algunas aseguradoras. Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo del gremio, ha alertado que esta situación tiene consecuencias inmediatas sobre la atención en Salud.
 
“Cuando un gestor farmacéutico se retira, no solo se trata de cifras. Detrás hay pacientes crónicos sin acceso a medicamentos, personas en tratamiento oncológico con riesgo de interrupción terapéutica y equipos de salud que enfrentan desabastecimiento de insumos. El informe confirma que las intervenciones no han funcionado y que los modelos de control actuales son ineficaces”, ha manifestado Gaitán.
 
La Contraloría también documentó que solo se ha recuperado el 6,07 por ciento de las cuentas por cobrar de las entidades liquidadas, y que, aunque la mayoría reporta altos niveles de cumplimiento de sus planes, el pago real de deudas oscila apenas entre el 35 y el 40 por ciento. Además, existen deudas por 770 mil millones de pesos con Empresas Sociales del Estado (ESE), comprometiendo la operación de hospitales públicos en todo el país.
 
Llamado a soluciones urgentes
 
Ante este panorama, AFIDRO ha hecho un llamado al Gobierno nacional para adoptar soluciones financieras inmediatas que eviten una mayor afectación del sistema, incluyendo una revisión técnica del cálculo y la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
 
El gremio también ha insistido en la necesidad de garantizar una transición ordenada de los pacientes afiliados a entidades intervenidas, asegurando que el cambio de operadores logísticos y aseguradores no genere interrupciones en el acceso a medicamentos y tratamientos.
 
Finalmente, AFIDRO ha reiterado su disposición para trabajar de manera articulada con las autoridades en la búsqueda de salidas estructurales que aseguren la sostenibilidad del sistema, la continuidad de la cadena de suministro farmacéutico y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de los colombianos.

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