Edición Médica

Carlos Alberto Gómez Chacón, secretario de Salud del departamento del Quindío. Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de ACHC.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Las deudas pendientes que aún no han sido canceladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán ser pagadas durante el mes de noviembre. El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Tolima y Quindío ha ordenado a los ministerios de Salud y Hacienda, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) adelantar las gestiones necesarias para garantizar el pago de la cartera adeudada a hospitales públicos y clínicas privadas del país.
 
A partir de esta decisión, la Nueva EPS, Asmet Salud, Sanitas, SOS, Coosalud, Savia Salud, Pijaos Salud, Salud Total, Famisanar, Capital Salud, Alianza Medellín Antioquia y Compensar deberán, en noviembre de 2025, cancelar cerca de 7 billones de pesos que adeudan a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas de los departamentos de Antioquia, Tolima y Quindío.
 
Sobre este fallo, Carlos Alberto Gómez Chacón, secretario de Salud del Quindío, ha afirmado en entrevista con EDICIÓN MÉDICA: “Este es un fallo histórico para el sistema de salud. Al interponer una acción popular con solicitud de medida cautelar buscamos garantizar una atención hospitalaria oportuna a los usuarios y el suministro de medicamentos, afectado por el no pago de al menos 580 millones de pesos que adeudan las EPS a la red hospitalaria del departamento”.
 
En su decisión, el Tribunal Administrativo ordena a las EPS presentar, en un plazo de 30 días hábiles, alternativas de pago de las deudas acumuladas: 5 billones de pesos en Antioquia, 1 billón en Tolima y 580 millones en Quindío. Asimismo, involucra al Gobierno Nacional, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la ADRES para coordinar acciones que permitan saldar las obligaciones, teniendo en cuenta que lo que está en riesgo es la vida de los pacientes.
 
Gómez Chacón ha añadido que es fundamental garantizar el flujo oportuno de recursos, el pago de giros directos y las obligaciones con gestores farmacéuticos y proveedores. “Esta medida fue necesaria porque la cartera vencida ya supera un año y sigue creciendo. Hemos adelantado mesas de concertación para recuperar los recursos adeudados a la red hospitalaria; sin embargo, algunas instituciones se han visto obligadas a suspender servicios a los usuarios de varias EPS”, ha asegurado.
 
Sobre la cartera en mora de las EPS, Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), ha asegurado que “el Gobierno Nacional y la Superintendencia deberían ser más estrictos y procurar que estas entidades intervenidas den ejemplo en el pago de sus compromisos financieros. Lo que observamos es que las deudas continúan aumentando”.
 
“Los organismos de vigilancia deben fortalecer sus mecanismos administrativos para obligar a las EPS a pagar y evitar que sigan acumulando obligaciones. Hemos llegado a un punto alarmante, relacionado directamente con la falta de flujo adecuado de recursos”, ha agregado.
 
Giraldo Valencia ha concluido que “el sistema enfrenta una emergencia funcional, lo que ha obligado a clínicas y hospitales a reducir servicios debido al retraso en los pagos por parte de las EPS. Los más afectados son los pacientes, quienes ven comprometido su acceso oportuno a la atención”.
 
El dato
 
Sobre los fallos emitidos por los Tribunales Contencioso Administrativos de Antioquia, Tolima y Quindío, que obligan a las EPS a saldar sus deudas, se conoce que Coosalud, Sanitas, la Nueva EPS y Savia Salud solicitaron negar la medida argumentando que no se acreditó el perjuicio inminente. La ADRES señaló que su función es únicamente la de pagador y que no tiene relación contractual con las EPS, mientras que la Superintendencia indicó que su competencia es estrictamente de vigilancia.

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