Edición Médica

Sergio Andrés Gil Celis, agente especial interventor.

Redacción. Bogotá
La EPS S.O.S. S.A., bajo medida de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, ha presentado los avances de su gestión en materia jurídica, administrativa y financiera, con el fin de proteger los recursos públicos destinados a la atención en salud y garantizar la continuidad de los servicios a sus afiliados.
 
Al respecto, el agente especial interventor, Sergio Andrés Gil Celis, indicó que una de las principales estrategias ha sido la comunicación con jueces y autoridades para reiterar la inembargabilidad de los recursos de la Seguridad Social en Salud, además de solicitar la suspensión de procesos en curso y la no admisión de nuevos. También se fortaleció la defensa judicial en litigios relacionados con recobros incorrectos y fraude en facturación.
 
En materia financiera, la EPS ha adelantado una revisión masiva de contratos con prestadores, priorizó la transmisión de giros bajo la supervisión de la Superintendencia y la ADRES y puso en marcha mecanismos de conciliación para agilizar pagos y reducir la cartera.
 
Según el balance presentado, las acciones han permitido:
   

“El propósito de estas acciones es proteger los recursos públicos que garantizan el derecho fundamental a la salud, evitando decisiones que puedan poner en riesgo la atención de los usuarios”, ha afirmado Gil Celis.
 
Llamado de la Supersalud
 
El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, recordó que los recursos de la salud “por su naturaleza, son inembargables”, en respuesta a denuncias sobre posibles intentos de desviar recursos mediante mandamientos de pago judiciales a EPS en intervención.
 
Rubiano ha solicitado a todas las EPS un reporte de los prestadores que han promovido embargos y presiones judiciales para el pago de deudas acumuladas. Asimismo, reiteró que la inembargabilidad de los recursos en salud está sustentada en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la Ley 100 de 1993, el Decreto 780 de 2016 y la jurisprudencia constitucional, incluyendo la Sentencia T-760 de 2008.
 
“La obligación de jueces, EPS, IPS y demás actores es acatar esta normatividad, pues las medidas judiciales no pueden paralizar el sistema ni comprometer el acceso efectivo a los servicios de salud”, ha subrayado Rubiano.
 
Con este enfoque, tanto la Supersalud como la EPS S.O.S. prevén blindar los recursos del sistema, mantener la sostenibilidad financiera y garantizar que prevalezca el interés general de los pacientes.

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