Edición Médica

María Andrea Godoy, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha excluido temporalmente a 26 clínicas, hospitales y proveedores de los giros directos de septiembre por 38.724 millones de pesos, luego de identificar inconsistencias que impiden validar, por ahora, las obligaciones postuladas por algunas EPS del régimen subsidiado.
 
La decisión, comunicada el 16 de septiembre, tiene carácter preventivo y temporal. Los recursos permanecerán sin girarse mientras se verifica la existencia de las obligaciones, su consistencia financiera y la trazabilidad documental que sustenta los pagos.
 
La medida adquiere especial relevancia para la gestión financiera de las IPS, debido a que el giro directo constituye un mecanismo mediante el cual los recursos destinados a la atención llegan a prestadores y proveedores. Sin embargo, el comunicado no ha identificado a las EPS ni a las instituciones afectadas y tampoco ha informado sobre sanciones o investigaciones formales derivadas de los hallazgos.
 
Cinco inconsistencias han activado la revisión
 
La Supersalud ha realizado una revisión focalizada mediante el cruce de las postulaciones con la información financiera reportada. El análisis ha identificado cinco tipos de inconsistencias que deberán ser aclaradas antes de continuar con los desembolsos.
 
Entre ellas se encuentran valores postulados superiores a las obligaciones registradas, recursos destinados a terceros para los cuales no aparecen deudas reconocidas y variaciones significativas frente a los promedios mensuales de causación y giro directo observados durante 2026.
 
El organismo también ha advertido debilidades en los controles y validaciones efectuados por algunas EPS antes de presentar las postulaciones, además de insuficiencias en la documentación necesaria para establecer el origen y destino de los recursos.
 
Los hallazgos no implican, por sí mismos, que las obligaciones sean inexistentes o irregulares. La medida busca precisamente establecer si los pagos cuentan con los soportes financieros y documentales requeridos antes de autorizar su giro.
 
EPS e IPS deberán sustentar las obligaciones
 
Las EPS y los prestadores involucrados deberán entregar explicaciones, documentos y soportes que permitan comprobar las obligaciones postuladas. La Supersalud también podrá solicitar información a las firmas contraloras encargadas de revisar y certificar información financiera.
 
La revisión pone el foco en un punto crítico de la cadena financiera del sistema. La correspondencia entre lo que las EPS reportan como obligación y los valores que solicitan girar directamente a clínicas, hospitales y proveedores.
 
Para las IPS afectadas, la exclusión temporal implica que los 38.724 millones de pesos permanecerán pendientes mientras concluye la validación, por lo que la oportunidad con la que se resuelvan las inconsistencias será relevante para evitar una prolongación de los recursos retenidos.
 
Control del giro directo frente a la liquidez de los prestadores
 
El caso plantea un equilibrio entre dos necesidades del sistema: garantizar la trazabilidad y correcta destinación de los recursos públicos y evitar que los procedimientos de control generen retrasos prolongados sobre obligaciones que posteriormente sean acreditadas.
 
Por ello, el siguiente punto de seguimiento será establecer cuántas de las obligaciones logran ser validadas, qué recursos finalmente son autorizados y en qué plazo pueden reanudarse los giros. Estos datos permitirán dimensionar el impacto efectivo de la medida sobre el flujo financiero hacia clínicas, hospitales y proveedores del régimen subsidiado.
 

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