Edición Médica

Redacción. Bogotá

El Ministerio de Salud y Protección Social ha avanzado en la implementación de un plan de choque para responder a pacientes con medicamentos, procedimientos y otros servicios y tecnologías en salud pendientes, con una primera fase enfocada en identificar los casos de mayor riesgo y verificar que la atención se materialice. La estrategia ha buscado sustituir una gestión basada únicamente en el orden de los pendientes por un modelo de priorización sustentado en la condición clínica de cada paciente.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, se ha reunido con representantes de pacientes, usuarios y gremios del sector Salud para revisar la puesta en marcha del plan, que ha establecido metas con horizonte al 31 de diciembre de 2026.

Uno de los argumentos que ha sustentado la medida ha sido que resolver las solicitudes exclusivamente según su fecha de reporte podría prolongar la espera de personas cuya condición requiere una intervención inmediata.

Tres niveles de criticidad definirán la prioridad

Con apoyo técnico y académico, el Ministerio ha definido tres categorías de criticidad para ordenar los casos de acuerdo con variables relacionadas con necesidad, urgencia y riesgo clínico.

El modelo ha puesto especial atención sobre pacientes con condiciones de mayor complejidad, entre ellos personas con cáncer, enfermedades huérfanas y tratamientos de alto costo, para quienes las interrupciones o demoras pueden representar mayores consecuencias clínicas.

La estrategia ha incluido además la verificación de la prestación efectiva. De esta manera, el objetivo no se ha limitado a identificar o autorizar un servicio pendiente, sino a comprobar que el paciente efectivamente lo reciba.

Este enfoque ha configurado una especie de “pirámide de cuidado”, en la que la intensidad de la respuesta asistencial debe aumentar conforme se incrementan la complejidad y el riesgo del paciente.

Crisis financiera condiciona la ejecución del plan

El plan de choque se ha planteado en medio de las dificultades financieras que atraviesa el sistema. La propia cartera ha venido revisando una brecha cercana a 2,9 billones de pesos entre recursos comprometidos y obligaciones efectivamente constituidas, además de proyectos y compromisos presupuestales pendientes de revisión.

Es importante precisar que esta diferencia presupuestal no equivale por sí misma a una pérdida de recursos ni demuestra un faltante financiero de igual magnitud. Corresponde a etapas diferentes de ejecución presupuestal cuya situación ha sido objeto de revisión por la nueva administración.

En este escenario, la efectividad del plan dependerá no solo de definir qué pacientes deben atenderse primero, sino de que EPS, IPS y demás actores dispongan de capacidad financiera y operativa para materializar los servicios priorizados.

Sismo añade presión sobre la capacidad asistencial

La estrategia también ha coincidido con la recuperación del sistema sanitario después del terremoto del 10 de agosto, que ha ocasionado afectaciones sobre la infraestructura de múltiples prestadores y ha incrementado las necesidades asistenciales en varios territorios.

Este escenario ha añadido presión sobre hospitales, profesionales y redes de referencia que deben responder simultáneamente a los servicios pendientes y a las consecuencias asistenciales derivadas de la emergencia.

Desde el ministerio también se ha planteado una revisión técnica de los Equipos Básicos de Salud, particularmente sobre sus mecanismos de seguimiento y reporte de resultados. Sin embargo, aún no se puede establecer el alcance de eventuales modificaciones contractuales o laborales para sus integrantes.

Priorización deberá preservar el criterio clínico

Durante el foro "Visión y prioridades del sistema de salud colombiano", un espacio de diálogo y construcción conjunta organizado por la Universidad de los Andes en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá y la organización Así Vamos en Salud, se brindaron observaciones sobre los desafíos estructurales, la gobernanza, la sostenibilidad financiera y las necesidades de reforma del sistema de salud en Colombia, enfatizando la importancia de la escucha activa entre diversos actores.

Uno de los puntos críticos para la implementación será la definición de los criterios utilizados para ubicar a cada paciente dentro de los niveles de criticidad. La priorización de recursos escasos puede contribuir a atender primero a quienes enfrentan un mayor riesgo, pero requiere parámetros clínicos, epidemiológicos y transparentes que reduzcan la posibilidad de decisiones determinadas exclusivamente por consideraciones administrativas o financieras.

Durante el foro, se destacó la urgencia de identificar a la población más vulnerable, categorizada por nivel de criticidad, para garantizar la continuidad de sus tratamientos, evitando que la judicialización sea el único mecanismo de acceso al sistema.

De igual forma, se reconoció la existencia de un represamiento significativo en la atención de patologías críticas, lo que ha generado una "crisis humanitaria" donde los pacientes enfrentan demoras peligrosas para recibir sus medicamentos o tratamientos, un aspecto que ha sido denunciado por Pacientes Colombia.

Se señaló que el 75 por ciento de este represamiento se concentra en las EPS intervenidas, las cuales han mostrado dificultades críticas en la gestión operativa de los recursos, lo que deriva en una distribución ineficiente y en "trancones" de atención.

La puesta en marcha de un plan de choque, cuyo propósito es bajar la presión sobre el sistema, mantiene el desafío en su gestión. Expositores en el foto utió la necesidad de dejar de administrar el sistema basándose solo en resultados financieros y pasar a una gestión por resultados en salud, donde la capacidad operativa (agendamiento, flujo de información, redes de servicios) sea la que defina la atención efectiva del paciente.

A esto e suma, el modelo actual de intervenciones de la Superintendencia de Salud, el cual han propuesto revisar, pues no ha demostrado fortalecer la gobernanza ni la atención a los usuarios. Se requiere un modelo de gobierno corporativo sólido y una gestión basada en la capacidad operativa y el riesgo en salud, no solo financiero.