INCIDENCIA FISCAL
Auditoría de la CGR destapa graves irregularidades en el manejo de la UPC por parte de 24 EPS
Los hallazgos fiscales son por 6 billones de pesos por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020
Carlos Hernán Becerra, contralor General.
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Redacción. Bogotá
La
Contraloría General de la República (CGR) ha llevado a cabo una Actuación Especial de Fiscalización con el
objetivo de analizar el uso y destino de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos girados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a las EPS durante la vigencia 2020.
Además, se ha evaluado la constitución y comportamiento de las
reservas técnicas de las EPS, así como sus utilidades y variaciones patrimoniales. Las EPS evaluadas e incluidas en la fiscalización han sido las siguientes:
1. Aliansalud E.P.S.
2. Savia Salud EPS
3. Anas Wayuú EPSI
4. Asmet Salud EPS S.A.S.
5. Dusakawi EPSI
6. AIC EPS Indígena
7. Emssanar SAS
8. Mutual SER EPS
9. Capital Salud EPS S.A.S.
10. Capresoca E.P.S.
11. Coosalud EPS S.A.
12. Ecoopsos EPS SAS
13. Convida EPS
14. Famisanar SAS
15. Mallamas EPS Indígena
16. Pijaos Salud EPSI
17. Sanitas SAS
18. SOS EPS
19. Sura EPS
20. Salud MIA EPS
21. Nueva EPS S.A.
22. Empresas Públicas de Medellín ESP Entidad Adaptada de Salud (EAS)
23. Salud Total
24. Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Metodología y hallazgos
Para evaluar la gestión fiscal, la CGR ha utilizado información de los
estados financieros certificados por los representantes legales y dictaminados por los revisores fiscales de cada EPS, registrados ante la Superintendencia Nacional de Salud, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. Los procedimientos técnicos de control revelaron varios hallazgos importantes:
-Uso indebido de recursos: Las EPS pagaron servicios de salud de años anteriores a 2020 con los recursos de la UPC por un total de 5.4 billones de pesos, recursos que tenían una destinación específica según la Constitución y la ley.
-Pago de deudas prescritas: EPS como SOS y Nueva EPS utilizaron excedentes de la UPC de 2020 para pagar deudas del período 2003-2015, por 86 mil millones y 62 mil millones de pesos respectivamente, cuando estas obligaciones ya estaban prescritas.
-Recursos sin justificación: En 2020, hubo un excedente de 643 mil millones de pesos sin evidencia clara de su uso, incluyendo 18 mil millones de Capital Salud y 7 mil millones de pesos de Convida.
-Pagos sin soporte: Nueva EPS y Famisanar presentaron diferencias significativas entre lo facturado y lo pagado, resultando en pagos sin soportes por 2.1 billones y 643 mil millones de pesos respectivamente.
-Gastos injustificados: Nueva EPS destinó 40 mil millones de pesos de créditos bancarios a gastos no relacionados con la salud, como honorarios de junta directiva, clases de yoga y pilates, y pautas radiales.
La CGR ha identificado 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal por 6 billones de pesos, 37 con presunta incidencia penal y 37 con
presunta incidencia disciplinaria. Además, se abrirán 24 indagaciones preliminares por 5.3 billones de pesos y 37 hallazgos serán trasladados a autoridades como la Superintendencia Nacional de Salud y la Fiscalía General de la Nación.
El Contralor General,
Carlos Hernán Becerra, ha declarado estos hechos de alto impacto nacional, por lo que todas las investigaciones se llevarán a cabo desde la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la CGR.
Por último, el informe se ha propuesto evidenciar los
problemas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asegurando que los recursos destinados a la prestación de servicios a la población afiliada se usen exclusivamente para los fines legales establecidos. La CGR reafirma la necesidad de respetar la legalidad del gasto en el sector salud, colaborando con otras entidades de control para garantizar la correcta utilización de estos recursos públicos y parafiscales.