Edición Médica

Intervención del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social ha llevado a cabo la más reciente sesión de la Mesa de Trabajo sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en cumplimiento de la Sentencia T-760 y el Auto 504 de 2025 de la Corte Constitucional. El espacio ha sido presidido por el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y contó con la participación de organizaciones e instituciones públicas y privadas del sector.
 
Durante la jornada se desarrollaron las discusiones previstas y se presentaron conclusiones con las principales ideas debatidas. Desde el Ministerio, el balance fue positivo. Según ha indicado el viceministro Martínez, las mesas permitieron avanzar en la revisión de la información remitida por las EPS, fortalecer la facturación electrónica y consolidar el cargue de contratos en el Sistema de Información de Infraestructura Financiera y Administrativa (SIIFA), con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los recursos y la visualización de las transacciones del sistema.
 
“Esta ha sido una gran oportunidad para consolidar equipos técnicos en las distintas entidades, revisar la información con rigurosidad, apoyarnos en software certificados y avanzar en la claridad sobre el manejo de los datos y el uso del dinero de la salud”, ha afirmado el funcionario, reiterando el compromiso del Gobierno con la transparencia y el cuidado de los recursos públicos.
 
Sin embargo, el desarrollo y los resultados de las mesas han sido fuertemente cuestionados por expertos y organizaciones de la sociedad civil. Diana Cárdenas, economista experta en protección social y salud, exviceministra y exdirectora de la ADRES, ha aseverado que durante la mesa de la UPC el viceministro sostuvo un “monólogo ajeno al orden del día”, en el que habría dejado claro que el Gobierno decidió no acatar el fallo judicial.
 
Según ha subrayado Cárdenas, los aportes técnicos de los participantes fueron desestimados y las discusiones quedaron registradas únicamente en audios del Ministerio, a los cuales los propios asistentes no han tenido acceso. Además, cuestionó la postura oficial de que la UPC es suficiente, pese a que las EPS intervenidas llevan cerca de dos años en crisis financiera.
 
Denuncia de incumplimiento a órdenes de la Corte
 
En la misma línea, el movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a 202 organizaciones de pacientes en el país, ha denunciado que las mesas técnicas no constituyeron un espacio de análisis riguroso, sino un mecanismo para legitimar decisiones unilaterales previamente adoptadas por el Gobierno.
 
La organización ha asegurado que durante las sesiones se descartaron de manera sistemática documentos y análisis presentados por distintos actores del sistema, incluidos pacientes, IPS, profesionales de la salud y trabajadores del sector, no se adjuntaron grabaciones a las actas y se ignoraron mecanismos de verificación que habrían permitido contrastar la información. Para Pacientes Colombia, estos hechos constituyen un incumplimiento directo de las órdenes de la Corte Constitucional, que exigían un proceso transparente, participativo y técnicamente sustentado.
 
“Lo más grave es que la información considerada ‘inservible’ proviene de EPS intervenidas por el mismo Gobierno. Si después de tres años el Estado no ha sido capaz de corregir los errores de sus propios registros, ¿quién responde por la negligencia, la incompetencia o la mala atención que hoy enfrentan los pacientes?”, ha cuestionado el movimiento.
 
Impacto en pacientes y personal sanitario
 
Las organizaciones coinciden en que la discusión trasciende los intereses de agremiaciones o aseguradores. Advierten que lo ocurrido en las mesas refleja una crisis estructural que afecta directamente la continuidad de la atención, pone en riesgo la vida de los pacientes y mantiene al personal sanitario al límite.
 
“No se trató de una defensa de las EPS, sino de un abandono de la vida y un desprecio por la evidencia técnica”, han enfatizado en un comunicado, al tiempo que reiteraron que persiste el desacato a las órdenes de la Corte Constitucional. Pacientes Colombia ha solicitado una revisión exhaustiva y técnicamente rigurosa de la información, y cuestionó por qué el Gobierno decidió ignorar datos verificables en medio de una emergencia sanitaria que, aseguran, sigue cobrando vidas a diario.
 

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