Edición Médica

Activistas y organizaciones llevan años reclamando esta práctica.

Redacción. Bogotá
En una decisión sin precedentes en la región, el Congreso de Colombia ha aprobado una ley integral para prevenir, atender y erradicar la mutilación genital femenina (MGF), una práctica que organismos internacionales consideran una grave violación de los derechos humanos y que en el país ha afectado principalmente a niñas de comunidades indígenas en departamentos como Risaralda y Chocó.
 
La iniciativa superó su último debate en el Senado a pocos días del cierre de la legislatura, evitando así que el proyecto se archivara por falta de trámite legislativo. Con esta aprobación, Colombia se convierte en el primer país de América Latina en contar con un marco legal específico contra esta práctica.
 
 204 casos documentados: una realidad que clama justicia
 
De acuerdo con cifras recopiladas por las organizaciones que impulsaron la iniciativa, entre 2020 y 2025 se documentaron 204 casos de ablación en territorio colombiano, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas, una cifra que evidencia la dimensión del problema en comunidades históricamente invisibilizadas.
 
Semanas antes de la votación definitiva, catorce organizaciones sociales remitieron una carta al Senado solicitando acelerar el trámite del proyecto para evitar que se hundiera por vencimiento de plazos legislativos. La urgencia no era casual: el reloj corría en contra de una iniciativa que llevaba años de recorrido parlamentario.
 
Un mensaje negativo a las comunidades
 
La abogada Leandra Becerra, representante de Equality Now para América Latina y el Caribe, había advertido en una entrevista con EFE sobre las consecuencias de un eventual fracaso legislativo, "el rechazo del proyecto enviaría un mensaje negativo a las comunidades y lideresas indígenas que han impulsado procesos de transformación cultural y abandono de esta práctica en sus territorios".
 
La advertencia de Becerra reflejaba la tensión de una recta final marcada por el activismo de organizaciones que llevaban años reclamando una respuesta institucional frente a una práctica que, según datos de Equality Now, ha sido documentada en al menos 94 países, aunque solo 59 disponen de marcos legales específicos para abordarla.
 
Prevención antes que castigo: el enfoque diferencial de la ley
 
A diferencia de otros marcos regulatorios internacionales, la nueva norma colombiana no crea nuevos delitos ni incorpora medidas punitivas específicas. El enfoque se concentra en estrategias de educación, prevención, acompañamiento integral a las víctimas y trabajo articulado con las comunidades para promover la erradicación progresiva mediante procesos interculturales.
 
La ley establece medidas de sensibilización, detección temprana, atención integral en salud, incluyendo salud mental, y fortalecimiento de rutas de protección, especialmente en territorios vulnerables. Para el sector sanitario, la aprobación representa un reto significativo en materia de capacitación del talento humano en atención primaria, ginecología, pediatría, salud sexual y reproductiva, y vigilancia comunitaria con enfoque diferencial.
 
Las consecuencias de una práctica devastadora
 
Organismos internacionales como Unicef y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado que la mutilación genital femenina puede ocasionar hemorragias severas, infecciones, dolor crónico, complicaciones obstétricas y secuelas psicológicas de largo plazo, entre ellas ansiedad, depresión y estrés postraumático.
 
La mutilación genital femenina comprende procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos o cualquier lesión de los órganos genitales por razones no médicas, según la definición adoptada por la comunidad internacional.
 
El siguiente paso: sanción presidencial
 
Tras superar el último escollo en el Senado, el proyecto pasará ahora a sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley de la República. La expectativa entre organizaciones de derechos humanos y lideresas comunitarias es que el Ejecutivo dé luz verde sin dilaciones a una norma que, según fuentes del Congreso citadas por EFE, representa "un avance histórico en la protección de los derechos de las niñas y mujeres colombianas".

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