Edición Médica

Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de EPS Sanitas y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, había solicitado a la Contraloría General de la República levantar el velo corporativo de la Empresa Promotora de Salud (EPS) Sanitas, para conocer a detalle las inversiones que realizan con el Presupuesto General de la Nación; que se reciben a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos.
 
No obstante, el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda Sánchez, se ha pronunciado sobre la petición de auditoría a la Contraloría para aclarar el movimiento de los recursos de la entidad, alegando que no comparten varias de las conclusiones a las que ha llegado la cartera.
 
El ministro de Salud ha explicado que la EPS Sanitas no cumple con las reservas ni con el patrimonio. Sin embargo, Sanitas ha solicitado al Ministerio de Salud que revise las deudas que tiene con la cartera, que impedirían el normal funcionamiento financiero de la entidad. Sanitas señala que desde 2008 el Estado ha venido acumulando deudas con ellos debido al no reconocimiento de ciertos pagos y tecnologías No PBS que acumulan 1,1 billones de pesos. 
 
Por su parte, Jaramillo ha asegurado que, la EPS Sanitas sería una de las entidades que tiene mayor presupuesto, por lo que no es aceptable que se declaren en crisis financiera. Además, el jefe de cartera estimado que para finales del año 2023 se giren por lo menos 10 billones de pesos a la mencionada entidad prestadora de Salud.
 
De igual manera, el ministro ha pedido una certificación a la Superintendencia Nacional de Salud para realizar giros directos por parte de la ADRES, con el objetivo de controlar el pago a los proveedores, clínicas y hospitales de Sanitas.
 
Contralor descarta la petición de investigar a detalle a la EPS Sanitas
 
De acuerdo con Carlos Mario Zuluaga, contralor General de la Nación el uso del denominado “velo corporativo” es un mecanismo que se emplea únicamente en procesos de seguridad fiscal. “Esta es una figura que se usa para determinar si algunas empresas o personas jurídicas utilizan su razón social para desviar los recursos”.
 
“Entonces aquí hay varios procesos que se están adelantado como el qué paso con los recursos girados en pandemia. Esperamos este mes estar concluyendo ese informe y estaremos indagando qué pasó con las reversas técnicas que debían tener las EPS para contrarrestar este tipo de contingencias”, ha agregado Zuluaga.
 
Con respecto a la seguridad de los más de 5 millones de afiliados a la EPS Sanitas, el contralor ha afirmado que el Estado cuenta con los recursos, por lo que no deben preocuparse “los colombianos los estamos financiando, pero las EPS tienen la obligación de cumplir con lo que les corresponde. Ninguna EPS puede dejar de prestar los servicios que le correspondan, en el sentido de suministrar no sólo los servicios médicos sino los medicamentos y los equipamientos necesarios”.

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