Edición Médica

Gustavo Petro, presidente de la República, durante su alocución televisada.

Redacción. Bogotá
En una nueva alocución televisada, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha expuesto los principales argumentos económicos y fiscales que sustentan la declaratoria de Emergencia Económica y Social, entre ellos, la necesidad de garantizar la financiación del sector salud para 2026 mediante este mecanismo excepcional.
 
Aunque el mandatario no ha precisado el porcentaje del incremento del salario mínimo, sí destacó que el presupuesto del sector salud alcanzará en 2026 el nivel más alto de la historia del país. Según ha explicado, este crecimiento deberá ser respaldado con recursos derivados del decreto de emergencia, ante la imposibilidad de aprobar una nueva ley de financiamiento en el Congreso.
 
De acuerdo con las cifras presentadas, durante el actual gobierno se han invertido 258,4 billones de pesos en Salud, lo que representa una diferencia acumulada de 24,98 billones de pesos frente al periodo anterior. En este contexto, el presidente rechazó las afirmaciones sobre una supuesta desfinanciación del sistema, asegurando que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) concentran una parte significativa de los ingresos del sector.
 
“La emergencia no es una medida coyuntural, sino una herramienta para evitar que la presión fiscal derive en una crisis mayor”, ha aseverado el jefe de Estado, al advertir que el déficit primario, sumado a tasas de interés reales superiores al crecimiento económico, pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública.
 
Medicamentos, EPS y enfermedades huérfanas
 
En materia de acceso a medicamentos, el presidente Petro ha reiterado que el Gobierno recurrirá a la compra directa en mercados internacionales cuando los precios ofrecidos por la industria superen los valores de referencia, como estrategia para evitar la especulación y el acaparamiento.
 
Respecto a las enfermedades huérfanas, el mandatario señaló que los casos de mortalidad reportados recientemente se han presentado, en su mayoría, en EPS no intervenidas, y cuestionó lo que calificó como una narrativa mediática que responsabiliza exclusivamente al Gobierno. En su intervención, ha insistido en que los problemas estructurales del sistema se concentran en entidades que operan bajo una lógica financiera y no sanitaria.
 
Asimismo, ha cuestionado al Congreso por no aprobar el proyecto de ley que buscaba transformar a las EPS en gestoras de Salud, y defendió el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declaró la emergencia económica por un periodo de 30 días.
 
Nuevas medidas fiscales y financiamiento del sector
 
Entre las medidas que el Gobierno adoptará bajo el amparo de la emergencia económica se encuentran un impuesto al patrimonio que afectaría al 0,6 por ciento de las familias más ricas del país, con un recaudo estimado de 1,7 billones de pesos; el aumento del impuesto a la renta para los sectores de mayores ingresos; y nuevos tributos orientados a cumplir la orden de la Corte Constitucional de nivelar los regímenes contributivo y subsidiado, con un impacto fiscal adicional de 3,7 billones de pesos.
 
En cuanto al presupuesto de salud, el presidente recordó que este pasó de 41 billones de pesos en 2019 a 73 billones de pesos en la actualidad, y subrayó que su financiación plena en 2026 dependerá de los recursos extraordinarios habilitados por la emergencia.
 
Modelo económico y sostenibilidad
 
Finalmente, el mandatario ha asegurado que la economía colombiana muestra señales de reactivación y que el crecimiento podría superar la meta prevista para 2025. Según ha indicado, el cambio de modelo económico ha permitido que los ingresos tributarios crezcan por encima del gasto primario, un factor clave para avanzar hacia el superávit fiscal y garantizar la sostenibilidad del sistema de Salud.
 
Las declaraciones del Ejecutivo abren un escenario de debate técnico sobre la financiación estructural de la salud, el papel de las EPS, la política de medicamentos y el impacto que las decisiones fiscales adoptadas bajo la emergencia económica tendrán sobre la prestación de servicios y la estabilidad del sistema en el mediano plazo.
 
Mientras tanto, en el sector Salud, varios voceros han manifestado su descontento al calificar esta decisión como improvisada. Gremios de pacientes y de EPS han enfatizado que es preciso incluir consideraciones técnicas para establecer el presupuesto real que concierne al 2026.

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