Edición Médica

Alfredo Mondragón, representante de Cámara por el Valle del Cauca.

Redacción. Bogotá
Recientemente, ponentes de varios partidos políticos en Colombia y otros representantes de la reforma a la Salud, han presentado el Proyecto de Ley 312 de 2024 ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Este documento está destinado a ser debatido en primer debate, lo que marca un paso crucial en el proceso de reforma del sistema de Salud en el país.

 
Uno de los puntos más destacados del Título IV de la reforma es la transformación de las actuales Empresas Promotoras de Salud (EPS) en Gestoras de Vida y Salud, descritas como “entidades para la gestión integral del riesgo en salud y operativo, y la representación del usuario en su territorio”. Esta terminología más precisa se alinea con las necesidades del sistema, resaltando funciones clave como identificar y analizar los riesgos de Salud de la población a cargo y coordinar con las Direcciones Departamentales y Municipales para conformar Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).

 
Los RIITS constituirán la red de hospitales y clínicas donde se brindará atención a los colombianos. A diferencia de la actualidad, donde las EPS eligen y contratan esta red, se establece que las Gestoras organizarán la red en colaboración con las secretarías de Salud locales. Este enfoque busca garantizar una gestión adecuada del riesgo en salud de sus afiliados, un aspecto que el Gobierno considera esencial.
 
Además, se ha previsto la implementación de un sistema de referencia y contrarreferencia que facilitará el traslado de pacientes entre niveles de atención, un proceso logístico crítico donde cualquier error puede tener graves consecuencias para los pacientes. La auditoría integral de calidad y revisión de cuentas médicas se mantendrá como una función esencial para asegurar la eficiencia en el uso de los recursos.
 
El proyecto también otorga a las Gestoras la responsabilidad de gestionar la atención integral de los usuarios, incluyendo la creación de líneas nacionales, páginas web y otros medios digitales para facilitar el acceso a los servicios de Salud.
 
Por su parte, el representante Alfredo Mondragón destacó que se han logrado seis consensos en la reforma, fruto de la discusión en una mesa técnica. La Atención Primaria en Salud (APS) será prioritaria, con el objetivo de llevar los servicios directamente a los hogares y territorios, mejorando así el acceso y la calidad de atención.
 
Entre los acuerdos, se fortalecerán las capacidades de la Superintendencia de Salud en su función regulatoria y se implementará un sistema de información único e interoperable para garantizar la transparencia en el manejo de recursos y atención a la población. Mondragón ha enfatizado que la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) será responsable no solo de la distribución de recursos, sino también de la revisión de cuentas, asegurando que la ciudadanía, que financia el sistema, reciba el debido control.
 
Este proyecto, que ya ha sido radicado, busca transformar el sistema de salud colombiano mediante un modelo de aseguramiento social que trascienda el enfoque de aseguramiento individual y colectivo, evitando que los recursos destinados a la salud se conviertan en un negocio.
 
Contratación y transformación de EPS
 
De acuerdo con lo propuesto, las Gestoras asumirán la responsabilidad de contratar hospitales y clínicas mediante convenios de desempeño con los prestadores de salud. No manejarán recursos directamente, ya que sus funciones serán exclusivamente administrativas.
 
De ese modo, cada EPS deberá decidir en un plazo de tres meses si se transformará en Gestora. Si opta por esta vía, deberá presentar un plan para sanear deudas, con un acuerdo de acreedores y un plazo de 18 meses para su implementación, sujeto a la aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquellas que elijan no transformarse tendrán 24 meses para presentar un plan de saneamiento, priorizando el pago a los trabajadores de la salud, y su incumplimiento podría resultar en la intervención de la EPS.
 
Las EPS que se transformen en Gestoras y que gestionen Planes Voluntarios en Salud deberán separar esta operación comercial antes de concluir la transición, asegurando que la nueva Gestora opere de manera independiente en sus aspectos administrativos y financieros.
 
Sobre remuneración e incentivos
 
Según ha señalado el documento, las Gestoras recibirán el 5 por ciento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de la población a su carga como remuneración. Aquellas que no cumplan con sus responsabilidades podrán enfrentar reducciones de hasta un 30 por ciento en sus ingresos, mientras que las que logren buenos resultados en indicadores clave recibirán un incentivo adicional del 3 por ciento de la UPC, que se distribuirá entre la Gestora y los hospitales de mayor complejidad.
 
El dato
 
El proyecto ha sido radicado por los ponentes María Eugenia Lopera Monsalve (Partido Liberal), Jorge Alexander Quevedo (Partido Conservador), Camilo Esteban Ávila Morales (Partido de La U), Alfredo Mondragón Garzón (Pacto Histórico), Juan Camilo Lodoño Barrera (Partido Verde). No obstante, el representante Andrés Forero, de Centro Democrático, ha anunciado que su partido presentará una ponencia negativa, argumentando que el texto no aborda las necesidades del actual sistema de Salud.
 
Estos acuerdos son considerados fundamentales para la aprobación del proyecto de ley, que busca transformar el sistema de salud colombiano hacia un modelo de aseguramiento social más inclusivo y equitativo, evitando que los recursos destinados a la salud se conviertan en un negocio. Mondragón confirmó la radicación del proyecto a través de un vídeo en redes sociales, expresando su esperanza de que sea discutido y aprobado en el Congreso en un futuro cercano.
 

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