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Gestión
POSIBLE VULNERACIÓN
Procuraduría investiga suministro de bienes sin contratación estatal previa en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña
La entidad profirió pliego de cargos contra exgerentes de la ESE por presuntos contratos verbales por más de 500 mil millones
Lunes, 14 de agosto de 2023, a las 14:30
La entidad verifica la posible vulneración al principio de moralidad y economía de los funcionarios. |
Redacción. Bogotá
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una serie de cargos contra los exgerentes de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, Norte de Santander, Jairo Pinzón López y José Manuel Galeano Puentes, por presuntos contratos verbales por aproximadamente 581.612.392 millones de pesos.
Asimismo, la entidad ha esclarecido que las presuntas decisiones de los investigados se han dado presuntamente sin un negocio jurídico previo para los meses de junio a agosto de 2020. Además, el área de farmacia del hospital habría recibido el suministro de materiales quirúrgicos, equipos y dispositivos médicos por la empresa Inversiones Tecnomédica de Colombia S.A.S; presuntamente, ante las solicitudes expresas de las partes y debido a la urgencia de la pandemia por el COVID-19.
De ese modo, la Procuraduría ha indicado que se encuentra verificando la posible vulneración al principio de moralidad y economía de los funcionarios, de igual forma ha calificado provisionalmente la falta como grave, a título de culpa grave.
Por último, el ente disciplinario ha cotejado copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las conductas señaladas de posible infracción al código penal.
El dato
Cabe recordar que, la Superintendencia Nacional de Salud había impuesto una sanción a la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, Norte de Santander, tras investigaciones que constataban que Jairo Pinzón López, quien se desempeñaba como representante legal de la entidad, no cumplió con sus funciones e intentó esconder información en medio del proceso de control.
De ese modo, la Supersalud ha determinado sancionar al representante legal con una multa de 250 salarios mínimos legales vigentes, al evidenciar negligencia en el desempeño de sus funciones frente a la dirección de la institución asistencial y deficiencias en la información entregada a la entidad de control.
