Edición Médica

Debate de control político del ICBF en la Cámara de Representantes.

Redacción. Bogotá
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) enfrenta una crisis que pone en riesgo la atención y protección de la infancia en Colombia. Durante un debate de control político en la Cámara de Representantes, se evidenciaron problemas estructurales que incluyen una reducción significativa del número de madres comunitarias, el cierre intermitente de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), el aumento de la violencia infantil y el debilitamiento del sistema. de protección para niños y adolescentes.
 
Entre 2021 y 2024, el número de madres comunitarias ha caído en un 17 por ciento, pasando de 51.253 a solo 9.213. Esta reducción ha dejado a más de 160.000 niños sin atención. En el Huila, por ejemplo, la disminución de madres comunitarias fue del 9.3 por ciento, con cada una atendiendo un promedio de 14 niños.
 
Aunque el presupuesto del ICBF aumentó de 371 millones en 2022 a 442 millones en 2024, gran parte de los recursos no se están traduciendo en mejoras tangibles. De los 1.500 CDI que existen en Colombia, solo 900 están bajo la gestión directa del ICBF, dejando a muchos sin una supervisión adecuada.
 
Presupuesto y alimentación infantil en riesgo
 
El presupuesto de nutrición del ICBF también se ha visto afectado, con un recorte presupuestal del 58 por ciento, pasando de 4,170 millones en 2023 a 1,759 millones en 2024. Este recorte impacta gravemente en regiones como Antioquia y San Andrés, donde la falta de recursos humanos e infraestructura dificulta la atención a niños vulnerables, especialmente en contextos indígenas y migratorios.
 
Asimismo, en 2024, Colombia ha registrado más de 71.000 casos de violencia contra niños y adolescentes, incluidos 12.000 relacionados con el trabajo infantil. Las regiones más afectadas son Valle del Cauca, Córdoba, Cesar y Atlántico.
 
Al respecto, la directora del ICBF, Astrid Cáceres Cárdenas, ha reconocido que 426 municipios concentran múltiples factores de violencia, y ha destacado estrategias para garantizar que los derechos de los menores sean protegidos. Entre ellas, se acordó con la rama judicial priorizar acciones para evitar la impunidad en estos casos.
 
Por su parte, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado medidas como el aumento de beneficios para madres comunitarias al 95 por ciento del salario mínimo. Además, el ICBF propone una mayor articulación con el Ministerio de Educación para financiar los CDI a través del Sistema General de Participaciones, como ocurre en el modelo implementado en Soledad, Atlántico.
 
No obstante, la centralización de decisiones en Bogotá ha limitado la autonomía de las oficinas regionales, complicando la implementación de políticas en las zonas más afectadas.
 
Retos y oportunidades para el futuro del ICBF
 
El debate en la Cámara ha revelado la necesidad de reformas estructurales que permitan garantizar la continuidad de los programas de bienestar infantil. De ese modo, se busca fortalecer la atención territorial y reducir las brechas en servicios clave, priorizando a comunidades indígenas y regiones vulnerables.
 
El desafío para el ICBF se traducirá en los recursos disponibles en un impacto real para los niños, niñas y adolescentes de Colombia, especialmente en un contexto donde los factores de violencia y la inseguridad alimentaria siguen en aumento.
 

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