Edición Médica

Ulahí Beltrán, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha llevado a cabo inspecciones a diversos actores bajo su supervisión para identificar los puntos críticos que amenazan la prestación adecuada de los servicios de salud y la protección de los usuarios. Se ha enfocado particularmente en el departamento de La Guajira debido a la gravedad de la situación.
 
De acuerdo con la entidad de Salud, la acción se ha ejecutado con el objetivo de fortalecer la presencia estatal y abordar las necesidades de Salud de los habitantes de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, especialmente las comunidades indígenas.
 
De ese modo, la Oficina Regional Caribe de la Supersalud en Riohacha ha completado su primer periodo de funcionamiento, abarcando 43 días. Durante estas primeras seis semanas se ha previsto “garantizar una presencia permanente y operativa que brinde soluciones efectivas y aplique las medidas correctivas necesarias frente a cualquier violación de los derechos de los usuarios, proporcionando servicios más amplios y mejorados para los ciudadanos", ha asegurado Ulahí Beltrán López, superintendente de la entidad.
 
Como parte del seguimiento a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos, la entidad de control ha observado que entre el 25 de marzo y el 30 de mayo se han registrado un total de 626 reclamaciones en La Guajira, siendo el 34 por ciento de ellas consideradas de alto riesgo para la vida (213 reclamaciones).
 
La Supersalud ha manifestado preocupación debido a que, el 22 por ciento de las quejas regulares han sido reabiertas y, en el caso de aquellas relacionadas con riesgo de vida, se ha reabierto el 25 por ciento de ellas. Las EPS que han acumulado la mayor cantidad de quejas asociadas a riesgo de vida son, en orden de aparición, Nueva EPS, Cajacopi y Sanitas, las cuales están siendo constantemente supervisadas por la Supersalud.
 
"Realizamos un seguimiento diario a cada uno de los casos para asegurar una respuesta efectiva a las solicitudes de los usuarios y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud", ha enfatizado el superintendente.
 
El informe también ha revelado que más del 90 por ciento de las quejas formuladas se concentran en los municipios contemplados por la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, siendo Riohacha el municipio con el mayor porcentaje de reclamaciones (96 por ciento), seguido por Maicao (2 por cierto), Uribia y Manaure (ambos con un 1 por ciento).
 
En cuanto a los hallazgos de auditoría en La Guajira, desde el 23 de marzo, el equipo multidisciplinario de la Superintendencia ha estado verificando el cumplimiento de las responsabilidades de las Secretarías de Salud departamentales y municipales en relación con sus funciones y competencias.
 
Para el caso específico de La Guajira, la Supersalud ha realizado inspecciones entre el 5 y el 11 de abril para evaluar el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias (CRUE). Durante esta evaluación, se identificaron los siguientes hallazgos, que actualmente están siendo monitoreados: la falta de una estructura administrativa que garantice la prestación continua e ininterrumpida de los servicios del CRUE (el sistema de comunicaciones estaba fuera de servicio, no se contaba con un software que permitiera la sistematización de la información, no había un centro de reserva y no se disponía de un plan de contingencia activo en caso de ser necesario).
 
Con respecto a los resultados de las mesas de inspección y vigilancia a las EPS, la entidad de control ha convocado a nueve Entidades Promotoras de Salud, entre ellas la Asociación Indígena del Cauca AIC, Salud Total, Familiar de Colombia, Dusakawi, Anas Wayuu, Coosalud, Cajacopi, Nueva EPS y Sanitas.
 
Previamente, la Supersalud ha solicitado a cada una de estas entidades la siguiente información, que fue objeto de análisis: el número de afiliados por municipio, corregimiento y ranchería, la lista de la red de proveedores de servicios de Salud contratados por municipio, corregimiento y ranchería para la atención de la población afiliada, copias de los acuerdos de voluntades o contratos vigentes con la red de proveedores y proveedores de tecnología en salud, y la composición y relación de los equipos de respuesta inmediata y la estrategia operativa en el territorio.
 
Como resultado de este proceso, la entidad de control ha advertido sobre la deficiente caracterización y georreferenciación de la población por municipios y corregimientos, lo cual dificulta el acceso efectivo a los servicios de Salud.
 
Además, la Supersalud ha destacado que los acuerdos de voluntades no cumplen con los indicadores establecidos por la normativa vigente, como lo establecido en la Resolución 2350 de 2020 y el incremento del 16,23 por ciento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

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