Edición Médica

Giovanny Rubiano, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, se ha pronunciado sobre la imputación de cargos a exdirectivos de la Nueva EPS por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de lo que podría constituir el mayor fraude contable en la historia del sistema de salud colombiano.

 
Según ha precisado el superintendente, los hallazgos se derivan directamente del proceso de intervención forzosa para administrar la Nueva EPS, medida adoptada en 2024. La entidad trasladó información clave a la Fiscalía, lo que permitió sustentar la imputación por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control de recursos de la Salud.
 
"De comprobarse los hechos, estaríamos ante el fraude contable más grave del sector salud en Colombia. Esta es una prueba de que las de intervención funcionan, aunque requieren medidas de tiempo para arrojar resultados concretos", ha afirmado Rubiano.
 
Alteración sistemática de información financiera
 
Entre 2019 y 2023, la Nueva EPS habría omitido el procesamiento de cerca de 14 millones de facturas emitidas por IPS con las que tenía contratos, lo que generó una distorsión intencional de los estados financieros. Esta omisión permitió a la entidad presentar una imagen de solidez ante la Supersalud, eludiendo así una intervención que, según el ente de control, debió haberse aplicado mucho antes.
 
Como resultado, la Fiscalía ha imputado cargos al expresidente José Fernando Cardona Uribe, al exvicepresidente financiero Juan Carlos Isaza Correa, al exgerente de contabilidad Edgar Pedraza Castellanos y al exgerente de cuentas médicas Fabio Antonio Peralta Núñez.
 
La Supersalud también ha entregado a las autoridades bases de datos con facturas por un valor superior a 4 billones de pesos, correspondientes a deudas que no fueron registradas contablemente. Esto se suma al presunto destino de más de 70.500 millones de pesos, que habrían sido ocultados mediante manipulaciones contables para similares utilidades inexistentes.
 
Consecuencias judiciales y vigilancia institucional
 
Aunque los exfuncionarios no han aceptado los cargos, y el juez del caso rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, el proceso continúa. La Supersalud ha trasladado también estos hallazgos a la Contraloría General de la República ya la Procuraduría General de la Nación, instancias que ahora tienen la responsabilidad de avanzar en sus propias investigaciones.
 
Rubiano ha reiterado que este caso representa un punto de inflexión en la vigilancia del sistema: "Este hallazgo es el más relevante hasta ahora producto de la intervención. Pone de manifiesto el impacto de la falta de transparencia en la administración de recursos públicos".
 
La revelación de este caso refuerza el llamado a fortalecer los mecanismos de control financiero y contable en las EPS y demás actores del sistema, en momentos en que la crisis de liquidez y sostenibilidad amenaza la estabilidad de múltiples instituciones prestadoras de Salud en el país.

---