Edición Médica

Ulahí Beltrán López, superintendente Nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud ha indicado que, hasta junio de 2023, veinte Entidades Promotoras de Salud (EPS) encargadas del aseguramiento en salud carecen de los recursos necesarios para cubrir la reserva técnica, ya que disponen de 6.3 billones de pesos frente a una reserva técnica de 18.7 billones de pesos.
 
Según han estipulado los análisis técnicos de la Supersalud, de las 24 EPS con licencia de funcionamiento en los regímenes contributivo y subsidiado, solo cuatro (Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía) cuentan con respaldo financiero para cubrir sus pasivos y la reserva técnica.
 
“Esto demuestra que la mayoría de las entidades de aseguramiento en salud tienen un faltante histórico que ha venido creciendo por la falta de capitalización o de fortalecimiento patrimonial y no se originan por incumplimientos del actual gobierno en torno al flujo de recursos”, ha declarado Ulahí Beltrán López, superintendente Nacional de Salud.
 
El Superintendente también ha destacado la vigilancia de la Superintendencia para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos del sistema de salud, y agregó que, la reserva técnica, según los informes financieros de las EPS a la Supersalud, asciende a 18 billones de pesos, de los cuales solo 6.3 billones están respaldados con inversiones según la metodología establecida.
 
Las veinte entidades con déficit en la reserva técnica son: SURA, Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, Savia Salud, EPS Familiar de Colombia, Mutual Ser, Asmet Salud, Cajacopi, Capital Salud, Capresoca, Comfenalco Valle, Comfachocó, Comfaoriente, Emssanar, EPM, Ferrocarriles Nacionales y SOS.
 
El Superintendente ha recordado que al entrar en vigor el Decreto 2702 de 2014, las EPS tenían un déficit cercano a los 5 billones de pesos, el cual deberían haber corregido en siete años. Sin embargo, este déficit ha aumentado a 12.4 billones de pesos.
 
Las reservas técnicas son cruciales para garantizar el pago de las prestaciones del sistema de salud y deben respaldarse con inversiones seguras, rentables y líquidas. La Superintendencia ha trasladado informes a la Corte Constitucional y a los organismos de control para análisis e investigaciones disciplinarias y fiscales.

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