Edición Médica

Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Karen Juliete Rojas. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección y el Gobierno Nacional, finalmente, han radicado la Reforma a la Salud ante el Congreso de la República, esto ha generado todo tipo de reacciones a favor y en contra dado que una de las puntualizaciones que ha planteado la cartera de Salud se refiere a la transición de las EPS a entidades públicas, una decisión que mantiene inconforme a las agremiaciones de las EPS.
 
En ese contexto, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha manifestado su preocupación, ya que, el sistema de Salud cubre a 50 millones de colombianos que reciben servicios en todo el territorio nacional.
 
En diálogo con EDICIÓN MÉDICA, Paula Acosta, presidenta de la ACEMI ha expresado su inconformidad sobre las funciones que asumirán las EPS. “Con el proyecto de reforma, presentado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, las EPS desaparecen del modelo y no es claro quién asume la gestión del aseguramiento de los pacientes”, ha enfatizado la presidenta.
 
Acosta asegura que, “no se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de Salud que arrancaría de cero. Decir que las EPS son prestadores de servicios de Salud equivale a eliminarlas”.
 
La presidenta de ACEMI han insistido en que, “mantener el nombre de las EPS no significa conservar su rol de aseguradores. El proyecto fragmenta sus funciones y las divide entre diferentes entidades, lo cual podría generar un gran caos dentro del sistema”:
   

En concreto, según ha explicado la presidenta de ACEMI, “se traslada la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a las secretarías de Salud de las entidades territoriales departamentales y municipales. (Entre 2018 y 2019, las secretarías departamentales de Salud sólo lograron verificar y habilitar el 3 por ciento de las redes de prestación estructurada por las EPS)”.
 
Además, Acosta ha asegurado que, para conformar la red de servicios las entidades territoriales tendrán que coordinarse con cinco instancias diferentes. Implica en la vida práctica coordinarse con más de 60 personas con múltiples intereses y perfiles poco técnicos lo cual genera un alto riesgo de inoperancia.
 
“Consideramos que no es claro cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios en este nuevo escenario, su contratación estará sujeta a las decisiones del gerente del fondo regional”, ha puntualizado.
 
Acosta ha precisado que, desde el gremio la preocupación se enfoca en la reducción de la calidad de los servicios para ajustar el costo al manual tarifario, “esto sin que nadie supervise la calidad y que en dicho documento se establece un plan de equipamiento a 10 años, mientras que la transición se llevará a cabo en un plazo inferior”.
 
La presidenta también ha recalcado que los denominados CAPIRS (Centros de Atención Primaria), serían la puerta de entrada al sistema, sin embargo, no estarán listos a tiempo.
 
Cabe anotar que hace unos días el presidente Gustavo Petro había dicho públicamente que no se eliminarían las EPS, por lo que ACEMI contrasta que, “el proceso de transición en realidad es un proceso de liquidación de las EPS, en donde no son claras muchas cosas, por ejemplo, las EPS que estén cumpliendo con los requisitos de habilitación están obligadas a continuar funcionando hasta hacer una entrega ordenada de sus afiliados a los CAPIRS”.
 
“¿Cuánto tiempo tomará?, ¿están obligadas las EPS a quedarse sin tener las herramientas para gestionar la Salud de sus afiliados? Deberán hacer un proceso de territorialización de acuerdo con lo que señale el Minsalud (esto implica cesión y asignación de afiliados de manera masiva con los traumatismos que estos procesos generan en temas operativos y financieros asociados”, ha manifestado la presidenta.
 
Por último, Acosta ha hecho un llamado para entender que, dada la complejidad del Sistema de Salud, como gremio están preocupados “por una transformación tan incompleta confusa e improvisada”.
 
“Nos llama la atención sobre las facultades extraordinarias planteadas en el proyecto que le da poder al presidente para, en seis meses contados a partir de la expedición de la ley, modificar y complementar las normas en materia de Salud pública”, ha concluido Acosta.

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