Edición Médica

Agamenón Quintero, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC); Diego Gil Cardoso, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER); y Juan Carlos Giraldo, gerente general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Después de 13 reuniones en las Mesas Técnicas, lideradas por el Ministerio de Salud y Protección Social por orden de la Corte Constitucional, con el propósito de definir un incremento superior al 5,36 por ciento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024 y ajustar los rezagos de 2021, 2022 y 2023, el balance es desalentador. Según los participantes, no hubo consenso, se desconocieron los argumentos técnicos presentados y el proceso se caracterizó por su extensión excesiva y la ausencia de un reporte claro y estructurado.
 
Ante este panorama, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA, organizaciones como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), Todos por la Salud, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) han hecho un llamado a la Corte Constitucional para que exija al Ministerio presentar conclusiones en el corto plazo. El objetivo es que se tome una decisión oportuna frente al déficit presupuestal y la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud.
 
El presidente de la ACSC, Agamenón Quintero, ha recalcado que “en las Mesas Técnicas no se lograron acuerdos ni se evidenció disposición del Ministerio para reajustar la UPC de 2024, como lo ordenó la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025. Reconocemos el esfuerzo realizado, pero no se cumplió con el mandato”.
 
Quintero ha agregado que imponer conclusiones unilaterales significaría aceptar un reajuste definido únicamente por el Gobierno, sin considerar las propuestas presentadas.
No se acogieron las propuestas

Desde el movimiento Todos por la Salud expresaron: “En las reuniones se presentaron propuestas para mejorar el cálculo de la UPC, pero el Ministerio nunca dio señales de acogerlas. La inacción no es una opción en un momento coyuntural como el actual: una UPC insuficiente implica pacientes sin atención, barreras de acceso y, en últimas, riesgo de vida”.
 
Por su parte, el presidente de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, ha remarcado que, tras dos fases de trabajo, se espera que el Ministerio y la comisión designada recopilen toda la información aportada en las 13 sesiones para emitir un documento sólido que la Corte pueda usar como insumo.
 
“Qué esperamos, que toda la información nueva que se suministró durante los encuentros sea tenida en cuenta y envíen un documento muy sólido a la Corte Constitucional que permita tomar unas determinaciones sólidas, ante todo, positivas para mejorar la crisis financiera que padece el sistema”, ha reiterado Giraldo.
 
Desatención a la orden de la Corte Constitucional

En la misma línea, el presidente de FECOER, Diego Gil Cardoso, ha advertido que el Ministerio desconoce la realidad del sistema: “En la última reunión, el Ministerio manifestó que no existen rezagos en la prima y que la siniestralidad financiera no evidencia insuficiencia. Esto desconoce la crisis que viven millones de pacientes y contradice lo ordenado por la Corte Constitucional, que ya declaró la insuficiencia de la UPC y ordenó su reajuste”.
 
Gil ha concluido que la falta de acción del Gobierno “perpetúa las dificultades, vulnera el derecho a la salud y desconoce los argumentos y propuestas presentadas por los actores del sistema”.
 
El dato

El Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, declaró la insuficiencia de la UPC para 2024 y ordenó al Ministerio de Salud instalar una mesa de trabajo para revisar su suficiencia, ajustar los rezagos de 2021-2023, reajustar el valor para 2024 y definir una metodología actualizada para el cálculo de las primas futuras.

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