Edición Médica

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Aunque el Ministerio de Salud y Protección Social cumplió con lo ordenado por la Corte Constitucional al convocar las Mesas Técnicas para recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2025, estas no contaron con el aval del alto tribunal ni de todos los actores del sistema, debido a la falta de transparencia en el proceso y la no inclusión de todos los actores en el debate.

 
 
Así lo ha advertido Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), en entrevista con EDICIÓN MÉDICA. “En los pocos espacios en los que se nos ha escuchado, hemos dejado claro que el debate sobre el Proyecto de Ley 312 de 2024, presentado por el Gobierno Nacional para reformar el sistema de Salud, ha excluido a actores fundamentales. Estos aportes podrían contribuir significativamente a resolver la crisis actual. No hemos sido convocados de manera formal y participativa para discutir artículos que afectan los derechos tanto de trabajadores como de pacientes”.
 
Para Quintero, la solución no está en una reforma estructural. “Insistimos en que es necesario regular la Ley Estatutaria en Salud (1751 de 2015), sin modificar de fondo el sistema. El proyecto en trámite no tiene viabilidad técnica ni financiera, no garantiza el derecho fundamental a la salud y no aborda de forma efectiva la crisis del sistema”, ha asegurado.
 
Durante su intervención ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Quintero ha reiterado que el proyecto no contempla garantías reales para el talento humano en Salud. “Los profesionales son el corazón del sistema. No se puede ofrecer un servicio que atiende la vida sin contar con quienes poseen el conocimiento y la experiencia. Además, también somos pacientes”.
 
El presidente de la ACSC también ha cuestionado las propuestas del régimen laboral especial para trabajadores de la salud. “Hay debilidades e inexistencia de facultades extraordinarias que podrían permitir su creación. En materia de contratación laboral es poquísimo lo que se está cambiando, y lo poco modificado es difuso y cuestionable, quedando más como un sofisma que como una realidad.
 
Quintero ha alertado que no existe una fuente de financiación clara que garantice el pago al personal de salud, ni mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones laborales con los profesionales afectados por la liquidación de EPS o IPS. “También han ignorado la autonomía y la autorregulación, propias de las sociedades científicas y reconocidas por la ley”.
 
También denunció la exclusión de estas sociedades en decisiones clave como el examen único habilitante para ingreso a especialidades médico-quirúrgicas y en la planificación de necesidades de formación especializada. “Se están vulnerando nuestros derechos profesionales fundamentales”, ha subrayado.
 
El dato


La Corte Constitucional suspendió las Mesas Técnicas creadas por la Resolución 370 de 2025 tras encontrar que no se estaban reconociendo los rezagos financieros acumulados ni garantizando una participación efectiva de todos los actores del sistema. El alto tribunal exigió reiniciar el proceso cumpliendo con los principios de transparencia, equidad y rigor técnico.

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