Edición Médica

Cerca del 62 por ciento de los trabajadores sanitarios ha experimentado algún tipo de violencia laboral.

Redacción. Bogotá
La violencia contra el personal de salud se ha mantenido como un problema persistente para los sistemas sanitarios de las Américas, mientras el subregistro y la normalización de las agresiones han dificultado dimensionar su magnitud y establecer respuestas institucionales efectivas, según ha advertido la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
 
Durante un seminario regional que ha reunido a cerca de 400 participantes de 34 países, entre autoridades sanitarias, especialistas y representantes de asociaciones profesionales, la OPS ha presentado la hoja informativa Cómo prevenir la violencia contra el personal de salud en la Región de las Américas, con recomendaciones dirigidas a autoridades, gestores e instituciones sanitarias.
 
La evidencia recogida por el organismo muestra una dimensión considerable del fenómeno. Una revisión sistemática internacional citada en el documento ha estimado que alrededor del 62 por ciento del personal sanitario ha experimentado alguna forma de violencia laboral. Las agresiones verbales han sido las más frecuentes, reportadas por el 58 por ciento, seguidas por las amenazas, con 33 por ciento, y el acoso sexual, con 12 por ciento.
 
En el contexto regional, un estudio desarrollado en 22 países, 20 de ellos latinoamericanos, encontró que el 66,7 por ciento del personal encuestado había sufrido alguna agresión durante el año anterior. Aproximadamente uno de cada diez episodios correspondió a violencia física.
 
“La violencia contra el personal de salud no debe considerarse una parte inevitable del trabajo. Es un problema de salud pública, de derechos humanos y de funcionamiento de los sistemas de salud”, ha señalado Silvana Luciani, jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles y Prevención de la Violencia y los Traumatismos de la OPS.
 
De las agresiones de pacientes al acoso dentro de las instituciones
 
La violencia no se ha limitado a las agresiones físicas. La OPS ha identificado un espectro que incluye insultos, amenazas, acoso laboral, discriminación, violencia sexual y episodios relacionados con escenarios de inseguridad y crimen organizado.
 
A ello se ha sumado la violencia entre trabajadores, que puede expresarse mediante acoso laboral, bullying, discriminación o violencia sexual. Según lo discutido durante el encuentro, estructuras jerárquicas rígidas y culturas institucionales que toleran estas conductas pueden contribuir a su persistencia.
 
El personal de enfermería y otros trabajadores de primera línea se encuentran entre los grupos con mayor exposición debido al contacto permanente con pacientes, familiares y comunidades. La dimensión de género también ha ocupado un lugar central en el análisis: las mujeres representan cerca del 70 por ciento de la fuerza laboral sanitaria y presentan una exposición particular a formas de violencia como el acoso sexual.
 
La OPS ha advertido, además, que las consecuencias trascienden el episodio de agresión. La violencia puede afectar la salud física y mental, contribuir al agotamiento profesional y aumentar el ausentismo y la rotación, con efectos posteriores sobre la disponibilidad y retención de talento humano.
 
Sobrecarga y demoras también forman parte del problema
 
El análisis regional ha puesto atención sobre las condiciones en las que ocurren las agresiones. La sobrecarga laboral, los tiempos prolongados de espera, la insuficiencia de personal y recursos y las dificultades de comunicación con pacientes y familiares han sido señalados entre los factores que pueden incrementar el riesgo.
 
Esto no traslada la responsabilidad de la violencia al trabajador ni justifica las agresiones. Por el contrario, sitúa parte del problema en la organización y capacidad de respuesta de los servicios, especialmente cuando las fallas estructurales terminan trasladando la tensión hacia quienes mantienen el contacto directo con pacientes y familiares.
 
En escenarios de mayor complejidad, la inseguridad territorial, la violencia armada, el crimen organizado y las emergencias pueden añadir nuevos riesgos para los equipos sanitarios.
 
Subregistro limita la capacidad de respuesta
 
Uno de los principales problemas identificados ha sido la falta de notificación. El temor a represalias, la desconfianza frente a los mecanismos institucionales y la percepción de que determinadas agresiones forman parte habitual del ejercicio profesional han contribuido a que una proporción de los episodios permanezca fuera de los registros.
 
“Lo que no se reporta permanece invisible”, ha advertido Leidy Villanueva, de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. “La protección comienza antes del incidente”, ha añadido.

Colombia lleva al Congreso la discusión sobre violencia en las residencias médicas

En Colombia, el debate sobre el acoso y la violencia dentro de los entornos de formación sanitaria ha avanzado hasta el Congreso a través del proyecto conocido como Ley Doctora Catalina. La iniciativa ha tomado su nombre de Catalina Gutiérrez Zuluaga, médica residente de cirugía de la Pontificia Universidad Javeriana que murió en 2024. Su caso generó una discusión nacional sobre las condiciones laborales, el maltrato, la sobrecarga y la salud mental durante la formación de especialistas. La ponencia legislativa ha citado el caso como uno de los antecedentes que evidenciaron la necesidad de revisar las condiciones de los médicos residentes, haciendo referencia a denuncias sobre presuntos abusos y sobrecarga laboral.

A partir de esta discusión, el Proyecto de Ley 293 de 2025 ha planteado modificar la Ley 1917 de 2018 para mejorar las condiciones de los residentes médicos, prevenir el maltrato y el acoso durante las prácticas formativas, establecer canales efectivos de denuncia y seguimiento e implementar acciones integrales de salud mental. Su ámbito también comprende las residencias odontológicas.


La prevención no puede recaer únicamente en el trabajador
 
Para Colombia, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de anticipar los riesgos mediante capacitación, evaluación de amenazas, coordinación territorial y mecanismos específicos de protección para trabajadores, establecimientos y servicios sanitarios.
 
El registro permitirá identificar patrones, lugares, servicios y circunstancias de mayor exposición y generar información para orientar medidas preventivas.

La OPS ha insistido en que la responsabilidad principal de prevenir y responder a estas situaciones corresponde a los Estados, empleadores e instituciones sanitarias. La capacitación individual en manejo de crisis o técnicas de desescalamiento puede complementar las estrategias, pero no reemplaza la obligación institucional de proporcionar condiciones laborales seguras.
 
Entre las medidas planteadas se encuentran protocolos específicos de prevención y respuesta, canales de denuncia seguros y confidenciales, fortalecimiento de la seguridad de los establecimientos, capacitación, atención médica y psicosocial posterior a los incidentes y sistemas que permitan recopilar y analizar los casos.
 
La brecha normativa sigue siendo amplia. De acuerdo con la información presentada por la OPS, solo 26 de los 195 Estados Miembros de la OMS cuentan con políticas o programas nacionales de salud y seguridad ocupacional específicamente dirigidos al personal sanitario.
 
La prevención también requiere coordinación entre salud, trabajo, seguridad, justicia y educación, particularmente en territorios donde las amenazas contra los equipos asistenciales se relacionan con dinámicas de violencia comunitaria, emergencias o desinformación.
 
Violencia laboral y funcionamiento de los servicios
 
El problema ha dejado de poder analizarse exclusivamente desde la seguridad individual del trabajador. Ausentismo, desgaste profesional, rotación y dificultades para retener personal capacitado pueden trasladar los efectos de la violencia hacia la capacidad operativa de las instituciones, especialmente en servicios con déficit de talento humano o elevada presión asistencial.
 
La nueva orientación de la OPS coloca, por tanto, la prevención antes del incidente y exige pasar de respuestas posteriores a cada agresión hacia sistemas capaces de registrar riesgos, intervenir condiciones laborales y acompañar a los trabajadores afectados.
 
Como ha señalado Britta Monika Baer, asesora regional en Prevención y Respuesta a la Violencia de la OPS, “la violencia se puede prevenir, y prevenirla requiere respuestas integrales y sostenidas”. Para hospitales, clínicas y autoridades sanitarias, el desafío está en convertir esa premisa en mecanismos institucionales de prevención, reporte, investigación y seguimiento que eviten que las agresiones continúen incorporándose como un costo normalizado del ejercicio sanitario.
 

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