Edición Médica

Agamenón Quintero, presidente la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC); y Diana Carolina Castaño, gerente del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Los hospitales de varias regiones del país han comenzado a cerrar uno de los servicios más demandados por los usuarios del sistema de Salud: las salas de urgencias. La situación obedece principalmente a dos factores: la alta demanda asistencial y la falta de recursos derivada del no pago oportuno por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), especialmente La Nueva EPS.
 
Actualmente, esta entidad acumula deudas por más de 9 billones de pesos con hospitales y clínicas en todo el país, lo que está generando graves consecuencias para los pacientes afiliados. Aunque las urgencias vitales siguen siendo atendidas, muchos servicios como consulta externa, procedimientos ambulatorios y atenciones programadas ya no están disponibles.
 
Llamado urgente de los gremios médicos y hospitalarios
 
La Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias (ACEM), la Mesa Nacional por la Crisis del Sistema de Salud, organizada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), junto con gerentes de hospitales y clínicas de varias regiones del país, han solicitado al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas para evitar un colapso del sector hospitalario.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Agamenón Quintero, presidente de la ACSC, ha advertido: “No podemos permitir que la crisis actual del sistema siga creciendo. Hoy es inmanejable debido a la carencia de servicios hospitalarios. La situación también afecta a la industria farmacéutica, a los proveedores de dispositivos médicos y al talento humano, que enfrenta retrasos en sus pagos y contratos precarios por prestación de servicios, sin estabilidad ni garantías laborales”.
 
Quintero ha añadido que la crisis se agrava con el desabastecimiento de medicamentos e insumos, consecuencia directa de la falta de pago de las EPS hacia las IPS: “Aquí no solo se vulnera el derecho fundamental a la salud, sino que también se pone en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas, al exponerlos a complicaciones prevenibles, deterioro clínico e incluso la muerte”.
 
Ante esta realidad, las directivas de los hospitales y clínicas le hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional, exigiendo una reestructuración inmediata de los acuerdos y el pago de las deudas que han puesto en jaque la atención médica en el país, por la falta de medicamentos, el cierre de servicios, demoras en citas y procedimientos, e incluso la muerte de pacientes por falta de tratamiento.
 
En el ámbito regional, Diana Carolina Castaño, gerente del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia, ha explicado que la institución ha restringido servicios a los afiliados de La Nueva EPS por deudas que ascienden a 42.673 millones de pesos, incumpliendo acuerdos de pago previamente pactados: “Aunque se realizaron mesas de concertación desde abril y se firmó un plan de pagos, la EPS no cumplió. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad financiera y la continuidad del hospital”, ha señalado.
 
Estados financieros bajo la lupa
 
De acuerdo con los últimos informes, La Nueva EPS ha registrado activos por al menos 6 billones de pesos y pasivos por 5,5 billones. Sin embargo, la entidad no ha reportado información financiera desde 2024, lo que genera incertidumbre sobre su verdadera situación.
 
Un estudio de la Contraloría General de la República ha revelado que en total 29 EPS acumulan deudas por 32,9 billones de pesos con hospitales, clínicas, laboratorios, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema.
 
Por último, en un comunicado reciente, la entidad ha indicado: “Estamos en un proceso de identificación de todas las facturas emitidas por los proveedores en los últimos cinco años, con el fin de precisar las obligaciones pendientes. Sabemos que existen facturas por pagar, por lo que buscamos alinear esfuerzos con nuestros proveedores”.

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