Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
La Corte Constitucional realiza una audiencia técnica para analizar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en un contexto de creciente tensión institucional con el Ministerio de Salud y cuestionamientos sobre el financiamiento del sistema sanitario colombiano.
 
El alto tribunal convocó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el marco de un incidente de desacato abierto meses atrás por presuntos incumplimientos a las órdenes de ajustar el cálculo de la UPC, el valor que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado en los regímenes contributivo y subsidiado.
 
La decisión, liderada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, advierte que persiste un “incumplimiento general” en el componente de suficiencia de la UPC, y cuestiona la metodología utilizada por el Ministerio, basada principalmente en el índice de inflación. Según la Corte, este criterio resulta insuficiente para reflejar la realidad epidemiológica, operativa y financiera del sistema de salud.
 
Debate técnico y presión institucional
 
El tribunal ha ordenado al Ministerio acreditar técnicamente la suficiencia de la UPC y presentar un plan integral que identifique las fallas estructurales del sistema, defina estrategias de intervención y establezca mecanismos de evaluación. Además, compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para investigar posibles responsabilidades disciplinarias y penales.
 
La audiencia también contará con la participación del Ministerio de Hacienda y actores del sector salud, en un intento por generar un espacio técnico que permita abordar una de las principales tensiones del sistema: el desbalance entre costos asistenciales y recursos disponibles.
 
Indicadores de presión sobre el sistema
 
El análisis de la Corte se sustenta en indicadores que reflejan el deterioro del sistema. Las acciones de tutela por acceso a servicios de salud han aumentado significativamente, pasando de más de 197.000 en 2023 a más de 265.000 en 2024, y superando las 270.000 en 2025.
 
A esto se suma el incremento de peticiones, quejas y reclamos por acceso a medicamentos, que superan las 622.000 en los últimos dos años en varias EPS del país, lo que evidencia barreras persistentes en la prestación de servicios.
 
En términos financieros, la siniestralidad reportada por las EPS alcanza el 109,5 por ciento, lo que implica que los costos superan los ingresos y genera un déficit estimado cercano a los 5,9 billones de pesos. Aunque la Administradora de los Recursos del Sistema (ADRES) proyecta recursos por más de 101 billones de pesos para la UPC en 2026, organismos de control advierten que persisten déficits estructurales acumulados.
 
Postura del Gobierno
 
Desde el Gobierno, el ministro Jaramillo ha rechazado la tesis de insuficiencia de la UPC, señalando que se han realizado incrementos históricos en los recursos del sistema. Según cifras oficiales, la UPC habría pasado de 75,4 billones en 2022 a 96,4 billones de pesos en 2026 (a precios constantes de 2025), lo que representa un crecimiento real del 28 por ciento.
 
El jefe de la cartera de salud sostiene que la crisis no radica en la falta de recursos, sino en problemas de gestión y uso de los mismos dentro del modelo actual, incluyendo deficiencias en la intermediación y falta de trazabilidad de aproximadamente 15 billones de pesos.
 
Implicaciones para el sector Salud
 
Para la comunidad médica, el debate sobre la UPC tiene implicaciones directas en la sostenibilidad de la red de prestación de servicios, los tiempos de pago a clínicas y hospitales, y la disponibilidad de tecnologías y medicamentos.
 
El pronunciamiento de la Corte refuerza la necesidad de revisar de manera estructural el modelo de financiamiento, la gestión de recursos y los mecanismos de control, en un sistema que, a pesar de los avances normativos desde la Sentencia T-760, continúa enfrentando fallas en acceso, oportunidad y calidad de la atención.
 
La audiencia se perfila como un punto de inflexión en la discusión sobre el futuro del sistema de salud colombiano, en la que se pondrá en juego no solo la suficiencia de la UPC, sino también la gobernanza y sostenibilidad del modelo sanitario.

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