Edición Médica

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo.

Redacción. Bogotá
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta al sistema de salud por el aumento alarmante y la acumulación de casos relacionados con la dispensación inoportuna de medicamentos, asociados al gestor farmacéutico Colsubsidio, situación que estaría afectando a usuarios afiliados a Nueva EPS en distintos territorios del país.

 
De acuerdo con la Defensoría, la crisis se manifiesta en interrupciones de servicios, suspensión de procedimientos, cancelación de citas y fallas graves en la entrega de medicamentos, con impactos directos sobre la continuidad de tratamientos y el bienestar de las y los pacientes. Para la entidad, la falta de información clara sobre rutas de atención y procesos de transición en EPS intervenidas está profundizando la incertidumbre, dificultando la gestión clínica de los casos y vulnerando el derecho fundamental a la salud.
 
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha reiterado el llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud y al agente interventor de Nueva EPS para que informen de manera “clara, oportuna y verificable” las soluciones adoptadas frente a esta problemática. “La situación pone en riesgo la vida y la salud de los pacientes, especialmente de aquellos con enfermedades crónicas o tratamientos de alto costo”, ha advertido.
 
Suspensión de servicios y cierre de dispensación
 
La alerta defensorial se sustenta, entre otros hechos, en los comunicados oficiales emitidos recientemente por el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso, que anunciaron la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026. Estas decisiones responden, según las instituciones, a causas administrativas y financieras comunes, como la mora en los pagos, fallas en las plataformas de radicación y el incumplimiento de obligaciones por parte de Nueva EPS.
 
A esto se suma la comunicación enviada a los usuarios de Nueva EPS por parte del gestor farmacéutico Colsubsidio, en la que informa el cierre definitivo del servicio de dispensación de medicamentos en todos sus puntos a nivel nacional a partir del 1 de enero de 2026. Aunque se señala que la continuidad de los tratamientos será asumida por la EPS, la Defensoría advierte que no se ha proporcionado información precisa sobre los nuevos gestores farmacéuticos, los puntos alternos de dispensación ni los mecanismos de transición, lo que incrementa el riesgo de interrupciones terapéuticas.
 
Exigencias institucionales y enfoque para el talento en Salud
 
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otros actores del sistema una serie de acciones concretas. Entre ellas, la definición de rutas oficiales de contacto por territorio, la documentación de los mecanismos de articulación interinstitucional para dar continuidad a los Puestos de Mando Unificado en Salud (PMU), y la entrega de información detallada sobre las medidas adoptadas tras el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”.
 
Asimismo, solicitó informes individualizados por cada EPS intervenida sobre los pagos de reembolsos por gasto de bolsillo en medicamentos no entregados, incluyendo solicitudes aprobadas, rechazadas y pendientes, y la implementación inmediata de planes de contingencia por parte de EPS y gestores farmacéuticos para evitar impactos irremediables en la atención.
 
La Defensoría ha subrayado que este escenario exige articulación permanente, canales de comunicación efectivos y redes de atención suficientes, en línea con los principios de universalidad y disponibilidad del sistema. La entidad concluye que solo con información transparente, coordinación interinstitucional y respuestas oportunas será posible proteger la continuidad del cuidado, la seguridad del paciente y el goce efectivo del derecho a la salud en todos los territorios del país.
 

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