Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI; Agamenón Quintero, presidente de ACSC; y Juan Carlos Giraldo, gerente general de ACHC.

Melba Lucía Murillo. Bogotá
Desde diciembre de 2024, cuando el Ministerio de Salud y Protección Social fijó en 5,36 por ciento el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la Corte Constitucional ordenó la creación de un mecanismo de reajuste de ese porcentaje, al considerarlo insuficiente.
 
A pesar de haberse realizado varias Mesas Técnicas, el ajuste aún no se concreta, y ya han pasado diez meses desde el pronunciamiento judicial.
 
Esa dilación, pese a existir una orden explícita para revisar el incremento de la UPC, ha generado un déficit creciente en el sistema de salud, según ha enfatizado la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). Entre 2021 y 2024, esta deficiencia habría costado más de 10 billones de pesos al sistema, agravando la crisis financiera que enfrentan las EPS y las IPS.
 
Representantes de diversos gremios del sector Salud consultados por EDICIÓN MÉDICA han advertido que, cuanto más se demore el Gobierno Nacional en definir el reajuste de la UPC de 2024, junto con los mecanismos de reconocimiento a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), los porcentajes y las fechas máximas de pago, mayor será el impacto negativo en la estabilidad del sistema.
 
En entrevista con este medio, la presidenta ejecutiva de ACEMI, Ana María Vesga, ha explicado que “los indicadores oficiales muestran que, por cada 100 pesos reconocidos por la UPC, se gastan 109 en salud, generando un déficit acumulado. Mientras no se reconozca que la UPC es insuficiente, el déficit seguirá creciendo y la crisis se agravará.
 
Cuando la Corte Constitucional exigió un ejercicio técnico, se optó por las Mesas Técnicas para buscar una solución, pero el Ministerio de Salud las convirtió en simples espacios de opinión y no en un debate técnico, como debía ser”, ha señalado.
 
Por su parte, el médico cirujano Carlos Valdivieso, expresidente del Colegio Médico de Antioquia, ha advertido que “hay un incremento alarmante en los reclamos y tutelas contra las EPS por falta de oportunidad en los servicios. Vivimos una crisis hospitalaria nacional, causada por la falta de recursos del sistema, que ha llevado al cierre de servicios, especialmente de urgencias y Pediatría”.
 
A estas preocupaciones se suma Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), quien sostuvo que “en las Mesas Técnicas no se llegaron a acuerdos ni se percibió disposición del Ministerio de Salud para ajustar la UPC de 2024. No se cumplió con lo ordenado en el Auto 007 de 2025 de la Corte Constitucional. Esperamos que se consideren todas las propuestas presentadas y que el Ministerio cumpla con lo ordenado, para buscar una solución a la actual crisis financiera del sistema”.
 
En ese mismo sentido, el gerente general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, estima que el Ministerio de Salud y la comisión conformada recopilen toda la información entregada en las 13 sesiones por las organizaciones participantes, “y que de allí surja un documento final que permita hacer efectivo el reajuste de la UPC, tal como lo solicitó la Corte desde enero”, ha agregado
 
El dato
 
El Auto 007 de la Corte Constitucional, emitido el 23 de enero de 2025, ordenó al Ministerio de Salud crear un mecanismo de reajuste de la UPC de 2024 y 2025* dentro de los diez días siguientes a la notificación de la decisión. Además, dispuso que se estableciera la forma de reconocimiento a las EPS, así como los porcentajes y fechas máximas de pago.
 
Es importante recordar que el incremento de la UPC para 2025 fue de 5,36 por ciento, según el Ministerio de Salud. Sin embargo, la Corte consideró que este porcentaje no cubre adecuadamente las necesidades de los servicios de salud de los afiliados, y ordenó corregir el rezago acumulado desde 2021, con el fin de garantizar la financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

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