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Salud Pública
NORMAS ORGÁNICAS
EPS piden revisión del informe de la Contraloría sobre uso de la UPC en el contexto de la pandemia
Las EPS aseguran que esto puede afectar gravemente el flujo de recursos y el pago de deudas dentro del sistema de aseguramiento en salud
Martes, 15 de octubre de 2024, a las 15:07

El principal punto de disenso radica en la aplicación del principio de anualidad presupuestal a la UPC.


Redacción. Bogotá
En un comunicado dirigido a la opinión pública, varias organizaciones del sector salud (ACEMI, ANDI y Asocajas) han expresado su desacuerdo con las conclusiones del informe publicado por la Contraloría General de la República, resultado de una actuación especial de fiscalización sobre 24 EPS en relación con el destino de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2020, primer año de la pandemia de COVID-19.
 
El principal punto de disenso radica en la aplicación del principio de anualidad presupuestal a la UPC. Según han enfatizado las EPS, no existe fundamento jurídico que avale esta interpretación, ya que la UPC, aunque calculada anualmente, no está sujeta a las mismas reglas que los recursos fiscales tradicionales.
 
Asimismo, se ha citado la Sentencia SU-480 de 1997 de la Corte Constitucional, que aclara que los recursos parafiscales destinados a la social en salud no se rigen por las normas orgánicas del presupuesto, pues su propósito exclusivo es atender las necesidades de salud.
 
En ese sentido, las EPS han advertido que, si la tesis de la Contraloría prevalece, esto podría afectar gravemente el flujo de recursos y el pago de deudas dentro del sistema de aseguramiento en salud, el cual ya enfrenta serias dificultades de suficiencia financiera. Uno de los riesgos señalados es que las limitaciones impuestas por la anualidad presupuestal podrían restringir el uso de los recursos de la UPC para cubrir servicios de salud pendientes de pago de vigencias anteriores, lo que incrementaría las tensiones financieras entre las EPS y las IPS.
 
El comunicado también ha destacado que, en 2020, los recursos de la UPC fueron destinados íntegramente a la atención de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, cumpliendo con su propósito de asegurar la prestación de servicios de salud. Los recursos adicionales del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) a ??los que hace referencia la Contraloría no fueron transferidos sino hasta 2021, y su valor, 1,8 billones de pesos, apenas representaba el 2 por ciento de los ingresos corrientes de ese año.
 
De ese modo, las organizaciones firmantes han solicitado a la Contraloría una revisión de esta interpretación, argumentando que su aplicación en los procesos de responsabilidad fiscal podría desencadenar consecuencias negativas para todo el sistema de salud. En particular, subrayan el riesgo de agravar la situación financiera de las EPS, lo que podría traducirse en mayores dificultades para los pacientes, especialmente aquellos más vulnerables, al comprometerse la continuidad de los servicios de Salud.
 
El informe de la Contraloría ha generado un amplio debate en el sector, ya que las EPS consideran que su interpretación podría desarticular el mecanismo financiero que ha sostenido el sistema de salud colombiano durante la pandemia. Fuentes del sector sugieren que se requiere un enfoque integral para abordar los desafíos financieros actuales y garantizar la sostenibilidad del sistema de Salud.
 
“Hacemos un llamado respetuoso a la Contraloría General de la República para que se revise y aclare esta tesis que, al aplicarse en los procesos individuales de responsabilidad fiscal, se extenderá a la cadena de pagos de todo el sistema y agravará una situación que cada vez resulta más adversa para los pacientes y sus familias, en especial para las más vulnerables”, han concluido las EPS en el comunicado.
 
El dato
 
El 5 de agosto, la Contraloría General de la República presentó los resultados de una investigación sobre el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por parte de 26 EPS en el año 2020, durante la pandemia de COVID-19. La Contraloría indicó que, en el año 2020, las EPS registraron "excedentes operacionales" por un valor de 6.81 billones de pesos, lo que significa que las EPS tuvieron ingresos que superaron los costos de atención de salud. Además, se reportaron excedentes de 3,68 billones de pesos para el año 2021 y 1,08 billones de pesos en 2022.


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