Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido un comunicado oficial en el cual desmiente una supuesta suspensión de tratamientos, trasplantes, quimioterapias y otras atenciones de alta complejidad.
 
La institución ha rechazado “las versiones que han circulado en algunos medios de comunicación sobre la supuesta suspensión de tratamientos”.
 
Por otro lado, ha aclarado que “la normativa relacionada con los mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional no contempla ni autoriza, bajo ninguna circunstancia, la suspensión de tratamientos, trasplantes, quimioterapias ni otros procedimientos de alta complejidad, ni permite la interrupción de la atención de pacientes con enfermedades de alto costo”.
 
A decir del ministerio, las versiones difundidas en medios locales “no solo carecen de sustento normativo, sino que tergiversan abiertamente el alcance real de las medidas adoptadas y distorsionan la forma en que se desarrollará su implementación”.
 
Según el gobierno, la regulación adoptada tiene el propósito de “ordenar la operación del aseguramiento en salud en el territorio, fortalecer la sostenibilidad del sistema y garantizar la continuidad en la atención de la población afiliada, especialmente en territorios con baja densidad poblacional, dispersión geográfica o limitaciones estructurales en la oferta de servicios de salud”.
 
También ha aclarado que la normativa no “ordena, promueve o permite la suspensión de servicios de salud” y, por el contrario, los procesos de implementación de la normativa “deben desarrollarse estrictamente bajo los principios de continuidad, integralidad, oportunidad, accesibilidad y protección efectiva del derecho fundamental a la salud”.
 
A decir del gobierno, los procesos de reasignación de afiliados “no constituyen un hecho excepcional ni desconocido dentro del Sistema de Salud”, pues según ha especificado en el comunicado, en los últimos años, con ocasión de liquidaciones de EPS, procesos de intervención administrativa o solicitudes de retiro voluntario de operación territorial, “se han realizado múltiples procesos de traslado y asignación de afiliados entre aseguradores”.
 
“Estos procedimientos hacen parte de los mecanismos ordinarios de administración del sistema y se han aplicado de manera recurrente para garantizar la continuidad del aseguramiento cuando una EPS deja de operar en un territorio”, ha insistido desde la autoridad.
 
Garantizar la continuidad de las atenciones
 
Para el ministerio, la experiencia del sistema ha demostrado que estos procesos administrativos “no implican ni han implicado la suspensión de tratamientos ni la interrupción de procedimientos en curso, ni afectan el acceso efectivo de los pacientes a los servicios de salud”.
 
En ese sentido ha recordado que las obligaciones de las EPS y de las redes de prestadores de servicios de salud se mantienen plenamente vigentes y exigibles para garantizar la continuidad de las atenciones, la entrega de medicamentos, la realización de procedimientos programados y la atención de controles médicos requeridos por los pacientes.
 
“De igual manera, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no pueden ni deben interpretarse de forma equivocada como una autorización para interrumpir rutas de atención clínica, suspender procedimientos previamente programados o trasladar cargas administrativas a los usuarios”, ha replicado la autoridad.
 
Han sido enfáticos en señalar que cualquier ajuste operativo “debe realizarse con salvaguardas suficientes para asegurar la permanencia de la atención, especialmente en relación con: pacientes con enfermedades de alto costo, pacientes oncológicos, receptores de trasplantes, personas con enfermedades raras o huérfanas, mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes, y demás sujetos de especial protección constitucional”.

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