Edición Médica

El deterioro financiero ya se traduce en interrupciones de tratamientos médicos.

Redacción. Bogotá
Una amplia coalición de organizaciones de pacientes, sociedades científicas, universidades, gremios del sector salud y exautoridades sanitarias lanzó una alerta pública al Gobierno Nacional sobre la necesidad inmediata y técnica de corregir la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, advirtiendo que su insuficiencia está profundizando la crisis del sistema y poniendo en riesgo directo la vida de los pacientes.
 
En un comunicado conjunto, los colectivos Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud señalaron que mantener una UPC desfinanciada no es un debate técnico, sino una vulneración directa del derecho fundamental a la Salud, con eventuales consecuencias jurídicas para los responsables de su definición.
 
Con base en análisis sustentados en información oficial del Ministerio de Salud, las organizaciones han subrayado que la UPC 2026 debe ajustarse en un rango entre el 15 y el 17,33 por ciento, con el fin de reflejar el gasto real del sistema, la inflación acumulada y el incremento sostenido en la utilización de servicios.
 
Según han indicado en el documento, una UPC insuficiente profundiza la crisis financiera, incrementa la judicialización vía tutelas, afecta la continuidad de tratamientos y expone a los pacientes a riesgos evitables, especialmente a las poblaciones más vulnerables.
 
“La Salud no puede administrarse desde la negación de la evidencia. Corregir la UPC 2026 no es opcional: es un deber constitucional, institucional y humanitario”, han enfatizado las organizaciones firmantes.
 
El pronunciamiento también exige el cumplimiento integral de las órdenes de la Corte Constitucional, en particular las contenidas en el Auto 2049 de 2025, que obliga al Gobierno Nacional a garantizar la suficiencia de la UPC, aplicar correctamente la metodología de cálculo y asegurar el flujo oportuno de recursos al sistema.
 
Adicional a ello, han solicitado mayor transparencia y rendición de cuentas en las decisiones financieras del sector, así como la atención urgente a las advertencias emitidas por la Procuraduría General de la Nación, que ha alertado reiteradamente sobre la vulneración masiva del derecho a la salud y el deterioro de la sostenibilidad del sistema.
 
Impacto en pacientes y talento humano en Salud
 
El comunicado ha advertido que el deterioro financiero ya se traduce en interrupciones de tratamientos, restricciones en el acceso a medicamentos, precarización laboral del talento humano en Salud y aumento de muertes prevenibles. Solo en 2024, se registraron 1,6 millones de quejas y más de 265 mil tutelas, reflejando un colapso progresivo en la capacidad de respuesta del sistema.
 
Las deudas acumuladas del sistema superan los 32,9 billones de pesos, lo que pone en riesgo la continuidad de la atención y la estabilidad de prestadores y aseguradores.
 
Organizaciones de pacientes han denunciado consecuencias irreversibles, particularmente en enfermedades huérfanas, mientras que asociaciones científicas alertan sobre barreras estructurales de acceso y el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales, situación que incluso ha motivado acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.
 
Finalmente, los colectivos han hecho un llamado al Gobierno a poner a los pacientes en el centro de las decisiones, corregir de manera inmediata y técnica la UPC 2026, proteger las condiciones laborales del talento humano en salud y actuar conforme a la evidencia y el marco constitucional. “El país enfrenta una crisis documentada, no una percepción. Persistir en la inacción seguirá cobrando vidas”, ha concluido el comunicado.

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