Edición Médica

La crisis financiera del hospital San Rafael de Itagüí generó una nueva controversia nacional.

Redacción. Bogotá
La reciente difusión de un video en el que Luis Fernando Arroyave Soto, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, aparece visiblemente afectado por los retrasos en el pago de salarios, volvió a poner en el centro del debate público la crisis financiera del sistema de salud colombiano. La situación escaló tras las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien, en entrevista a medios locales respondió con la frase “los ricos también lloran”, generando un amplio rechazo entre organizaciones científicas, autoridades territoriales y profesionales del sector.
 
Para el talento humano en salud, el episodio no es un hecho aislado, sino la expresión de una problemática advertida desde hace meses: la ausencia de una ruta clara, transparente y efectiva para atender el desfinanciamiento del sistema, cuyos principales afectados siguen siendo los pacientes y quienes sostienen la atención diaria en hospitales y clínicas.
 
La Secretaría de Salud de Antioquia ha reportado que más de 2.500 pacientes con enfermedades graves han fallecido mientras esperaban tratamiento, como consecuencia directa de las deudas acumuladas de las EPS con la red hospitalaria. Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud departamental, calificó el panorama como una “crisis humanitaria sin precedentes”, marcada por hospitales asfixiados financieramente, personal agotado y servicios con capacidad limitada de respuesta.
 
Según ha indicado la funcionaria, la falta de liquidez se ha agudizado en los últimos cuatro meses, aunque el deterioro financiero viene en ascenso desde 2023. En muchos hospitales, los ingresos apenas alcanzan entre el 25 y el 40 por ciento de lo facturado, cifras insuficientes para cubrir obligaciones laborales, adquisición de insumos y sostenimiento de servicios críticos.
 
Esfuerzos insuficientes frente a una deuda estructural
 
Desde la Gobernación de Antioquia se han destinado más de 220.000 millones de pesos entre 2024 y 2025 para apoyar a la red hospitalaria, incluyendo una línea de crédito con el IDEA por 85.000 millones para saneamiento fiscal y financiero. Sin embargo, la magnitud de la deuda supera con creces estas medidas.
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, las EPS adeudan cerca de 8 billones de pesos a las instituciones públicas y privadas del país: 2 billones a la red pública y 6 billones a la privada, esta última con mayor capacidad para atender pacientes de alta complejidad. En Antioquia, el impacto ya se traduce en restricciones operativas y mayor presión sobre los servicios de urgencias.
 
Más reacciones del sector científico y del talento humano
 
Las declaraciones del ministro generaron una respuesta contundente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que calificó sus palabras como una muestra de falta de consideración hacia el personal sanitario. Para el gremio, el episodio refleja una desconexión con la realidad que viven hospitales, médicos, enfermeras y demás profesionales de la Salud.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras también se ha pronunciado, advirtiendo que la crisis está vulnerando gravemente los derechos fundamentales a la salud y a la vida: servicios cerrados, profesionales sin pago y pacientes que fallecen sin atención oportuna.
 
Un llamado a soluciones estructurales
 
Frente a las denuncias del Hospital San Rafael de Itagüí, Nueva EPS y Savia Salud informaron que durante la vigencia 2025 se realizaron giros significativos. En el caso de Nueva EPS, se reportaron pagos por más de 18.707 millones de pesos, equivalentes a más del 80 por ciento de lo radicado ese año, además de conciliaciones por 1.540 millones al cierre de 2025. Savia Salud, por su parte, aseguró haber girado más de 1,3 billones de pesos a la red pública durante el mismo periodo y reiteró su disposición al diálogo con los prestadores.
 
Más allá del cruce de declaraciones, para los profesionales de la salud el debate deja una conclusión clara: la crisis del sistema no se resuelve con gestos retóricos ni con soluciones parciales. La sostenibilidad financiera, el pago oportuno al talento humano y la garantía efectiva del acceso a servicios siguen siendo desafíos urgentes.
 
El impacto humano, medido en desgaste laboral, cierre de servicios y vidas perdidas, obliga a avanzar hacia respuestas técnicas, coordinadas y verificables, que permitan restablecer la confianza en el sistema y asegurar que la atención en salud no dependa de la precariedad financiera de quienes la prestan.
 

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