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Salud Pública
CRISIS FINANCIERA
Procuraduría advierte que persisten las barreras de acceso y el deterioro financiero en cuatro EPS bajo vigilancia
El organismo de control evaluará posibles responsabilidades disciplinarias del Ministerio de Salud y la Supersalud
Jueves, 06 de agosto de 2026, a las 10:56
Mónica Ulloa Ruiz, procuradora Delegada para asuntos del trabajo y seguridad social |
Redacción. Bogotá
La Procuraduría General de la Nación ha encendido nuevas alertas sobre la situación de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) al presentar los resultados de las actuaciones de vigilancia preventiva y control de gestión realizadas a Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS (antes Cajacopi) y Nueva EPS.
Tras revisar el estado administrativo, financiero y operativo de estas aseguradoras, el organismo de control ha concluido que persisten barreras de acceso para los usuarios y un deterioro financiero que compromete la sostenibilidad de las entidades y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
Los hallazgos también motivaron el traslado de actuaciones para establecer posibles responsabilidades disciplinarias de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas dentro del sistema de salud.
Las barreras de acceso siguen afectando a los pacientes
De acuerdo con la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, aunque cada EPS presenta circunstancias particulares, todas comparten problemas estructurales que continúan afectando el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran:
Tras revisar el estado administrativo, financiero y operativo de estas aseguradoras, el organismo de control ha concluido que persisten barreras de acceso para los usuarios y un deterioro financiero que compromete la sostenibilidad de las entidades y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.
Los hallazgos también motivaron el traslado de actuaciones para establecer posibles responsabilidades disciplinarias de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas dentro del sistema de salud.
Las barreras de acceso siguen afectando a los pacientes
De acuerdo con la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, aunque cada EPS presenta circunstancias particulares, todas comparten problemas estructurales que continúan afectando el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud.
Entre las principales dificultades identificadas se encuentran:
- Incremento sostenido de las peticiones, quejas y reclamos (PQR).
- Aumento de acciones de tutela e incidentes de desacato.
- Demoras en la asignación de citas con especialistas.
- Retrasos en la autorización de servicios y tecnologías en salud.
- Problemas en la entrega oportuna de medicamentos.
- Persistencia de barreras administrativas para acceder a la atención.
Para el organismo de control, estos factores siguen limitando el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la salud y evidencian que las dificultades operativas persisten pese a las medidas de vigilancia adoptadas sobre varias aseguradoras.
Nueva EPS concentra las principales alertas
Dentro del informe, la Procuraduría dedicó un apartado especial a la situación de Nueva EPS, al considerar que mantiene un riesgo sistémico y estructural tanto para la garantía del derecho a la salud como para la estabilidad financiera del sistema.
Según ha explicado el Ministerio Público, los estados financieros de la entidad aún no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal y, con corte a 2024, registran pasivos superiores a 22 billones de pesos y pérdidas acumuladas que superan los 11 billones de pesos.
A este panorama financiero se suma una alta inestabilidad administrativa. En los últimos 24 meses la EPS ha tenido cinco agentes especiales interventores, situación que, según el ente de control, ha dificultado la continuidad de las estrategias para enfrentar la crisis institucional.
Tutelas y desacatos reflejan el deterioro en el acceso
La Procuraduría también ha alertado sobre el incremento de los mecanismos judiciales utilizados por los afiliados para obtener atención.
Durante el primer trimestre de 2026, Nueva EPS registró 40.668 acciones de tutela, una cifra que representa el 60 por ciento del total de tutelas presentadas durante todo 2023.
Asimismo, la entidad acumuló 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36 por ciento permanecían sin resolver, lo que, para el organismo de control, evidencia dificultades persistentes en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la atención en Salud.
Estas cifras reflejan que las fallas en el acceso continúan trasladándose al ámbito judicial, un fenómeno que desde hace varios años ha sido señalado como uno de los principales indicadores de las deficiencias del sistema.
La Procuraduría también pone la lupa sobre el Ministerio y la Supersalud
El informe no limita sus observaciones a las EPS. La Procuraduría incorporó presuntas responsabilidades disciplinarias relacionadas con la actuación de otras autoridades del sistema.
En el caso del Ministerio de Salud y Protección Social, el organismo evaluará una posible inactividad en la expedición de directrices orientadas a optimizar el flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Respecto de la Superintendencia Nacional de Salud, las observaciones se centran en presuntas falencias en los procesos de inspección, vigilancia y control sobre las aseguradoras evaluadas, así como en el seguimiento realizado a los agentes interventores designados para administrarlas.
Estas actuaciones podrían dar lugar al inicio de investigaciones disciplinarias para establecer si existieron omisiones en el ejercicio de las funciones de supervisión y control.
Una crisis que trasciende a las EPS intervenidas
Aunque el informe se concentra en cuatro aseguradoras, sus conclusiones vuelven a poner sobre la mesa problemas estructurales del sistema de salud colombiano.
El aumento de tutelas, las dificultades para acceder a consultas especializadas, las demoras en la entrega de medicamentos y el deterioro financiero de varias EPS continúan siendo factores que afectan la operación de hospitales, clínicas y proveedores de servicios de Salud.
En ese contexto, las observaciones de la Procuraduría también plantean interrogantes sobre la eficacia de las medidas de intervención implementadas por las autoridades sanitarias y la capacidad institucional para corregir los problemas financieros y asistenciales que persisten en varias de las principales EPS del país.
Nueva EPS concentra las principales alertas
Dentro del informe, la Procuraduría dedicó un apartado especial a la situación de Nueva EPS, al considerar que mantiene un riesgo sistémico y estructural tanto para la garantía del derecho a la salud como para la estabilidad financiera del sistema.
Según ha explicado el Ministerio Público, los estados financieros de la entidad aún no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal y, con corte a 2024, registran pasivos superiores a 22 billones de pesos y pérdidas acumuladas que superan los 11 billones de pesos.
A este panorama financiero se suma una alta inestabilidad administrativa. En los últimos 24 meses la EPS ha tenido cinco agentes especiales interventores, situación que, según el ente de control, ha dificultado la continuidad de las estrategias para enfrentar la crisis institucional.
Tutelas y desacatos reflejan el deterioro en el acceso
La Procuraduría también ha alertado sobre el incremento de los mecanismos judiciales utilizados por los afiliados para obtener atención.
Durante el primer trimestre de 2026, Nueva EPS registró 40.668 acciones de tutela, una cifra que representa el 60 por ciento del total de tutelas presentadas durante todo 2023.
Asimismo, la entidad acumuló 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36 por ciento permanecían sin resolver, lo que, para el organismo de control, evidencia dificultades persistentes en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la atención en Salud.
Estas cifras reflejan que las fallas en el acceso continúan trasladándose al ámbito judicial, un fenómeno que desde hace varios años ha sido señalado como uno de los principales indicadores de las deficiencias del sistema.
La Procuraduría también pone la lupa sobre el Ministerio y la Supersalud
El informe no limita sus observaciones a las EPS. La Procuraduría incorporó presuntas responsabilidades disciplinarias relacionadas con la actuación de otras autoridades del sistema.
En el caso del Ministerio de Salud y Protección Social, el organismo evaluará una posible inactividad en la expedición de directrices orientadas a optimizar el flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Respecto de la Superintendencia Nacional de Salud, las observaciones se centran en presuntas falencias en los procesos de inspección, vigilancia y control sobre las aseguradoras evaluadas, así como en el seguimiento realizado a los agentes interventores designados para administrarlas.
Estas actuaciones podrían dar lugar al inicio de investigaciones disciplinarias para establecer si existieron omisiones en el ejercicio de las funciones de supervisión y control.
Una crisis que trasciende a las EPS intervenidas
Aunque el informe se concentra en cuatro aseguradoras, sus conclusiones vuelven a poner sobre la mesa problemas estructurales del sistema de salud colombiano.
El aumento de tutelas, las dificultades para acceder a consultas especializadas, las demoras en la entrega de medicamentos y el deterioro financiero de varias EPS continúan siendo factores que afectan la operación de hospitales, clínicas y proveedores de servicios de Salud.
En ese contexto, las observaciones de la Procuraduría también plantean interrogantes sobre la eficacia de las medidas de intervención implementadas por las autoridades sanitarias y la capacidad institucional para corregir los problemas financieros y asistenciales que persisten en varias de las principales EPS del país.
