Edición Médica

Grupo Keralty.

Redacción. Bogotá
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha dejado sin efectos la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas en abril de 2024, al considerar que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso tanto de la entidad, como de sus accionistas y su entonces representante legal, Juan Pablo Rueda Sánchez.
 
En una sentencia que marca un precedente clave en la gestión pública del sistema de salud, el alto tribunal revocó tres resoluciones de la Superintendencia, incluyendo la que ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Sanitas por un año. La decisión, firmada por el presidente Jorge Enrique Ibáñez Najar, implica que el Grupo Keralty, propietario de la EPS, está jurídicamente habilitado para retomar de manera inmediata su administración.
 
Este fallo se produce en un contexto de alta tensión jurídica e institucional. Desde que se ordenó la intervención, el Grupo Keralty ha denunciado un “desmonte técnico y operativo” de la EPS, asegurando que durante el año de administración estatal aumentaron las tutelas, se desorganizó la red de atención y se afectó la continuidad en la prestación de servicios.
 
Además, la medida de intervención motivó una denuncia penal por parte de Juan David Riveros, representante legal de Keralty, quien solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar posibles irregularidades en el procedimiento liderado por la Supersalud. El grupo también recusó al entonces superintendente, Luis Carlos Leal, por presunta falta de imparcialidad.
   
Cabe recordar que Sanitas es la única EPS intervenida que forma parte de una casa matriz internacional. Su caso generó repercusiones en el plano global con la apertura de un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia del Banco Mundial.
 

 
La Procuraduría General de la Nación también había encendido las alarmas. En semanas recientes realizó visitas técnicas tanto a Sanitas como a Nueva EPS, identificando factores estructurales que estarían afectando la operación financiera de ambas entidades, así como un incremento de quejas por parte de usuarios.
   

Cabe recordar que, la red de dispensación de medicamentos también vivió un remezón en 2024, cuando Cruz Verde retomó la entrega de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en Bogotá, luego de casi un año en que Audifarma había asumido esa función debido a una deuda superior a los 400.000 millones de pesos entre Sanitas y Cruz Verde.
 
Un diálogo técnico urgente
 
Desde el gremio que agrupa a las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo, ACEMI, se reconoció la necesidad de velar por que “toda actuación estatal se enmarque en el respeto a la ley y al debido proceso”, según resaltaron en un comunicado.
 
El gremio advirtió que la recuperación de la entidad en el estado actual del sistema de Salud, agravado por el daño causado por la intervención, es un desafío importante que requiere un gran esfuerzo para alcanzar los niveles de atención que sus afiliados esperan. Por ello, han hecho un llamado urgente para llegar a acuerdos sobre los problemas estructurales que enfrenta el sistema de salud y que afectan a los pacientes diariamente.
 
Asimismo, ACEMI aseveró que, en los últimos meses, los indicadores de atención médica han empeorado significativamente. Esto ocurre en un momento en que más del 59 por ciento de los afiliados al sistema de salud colombiano se encuentran bajo EPS que han sido intervenidas por el gobierno.

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