Edición Médica

Contraloría advierte sobre deficiencias contables y operativas en la EPS.

Redacción. Bogotá
La Contraloría General de la República, en ejercicio de su función de vigilancia fiscal, ha adelantado un operativo de policía judicial en Nueva EPS para recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera correspondiente a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025. La acción surgió ante la falta de estados financieros certificados y dictaminados, así como información incompleta en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud.
 
Durante la diligencia, que incluyó entrevistas, inspecciones, evidencias físicas y análisis forense, se recaudaron 4.524 archivos que evidencian posibles irregularidades relacionadas con anticipos, facturación, contratación, cuentas por pagar y reservas técnicas.
 
Entre 2023 y 2024, los anticipos pendientes por legalizar crecieron de 3,4 billones a 8,6 billones de pesos, un aumento del 155 por ciento, que refleja un riesgo significativo sobre la liquidez de la EPS. Para junio de 2025, este saldo se elevó a 15,27 billones de pesos, con 143 mil millones pendientes desde hace más de dos años.
 
Facturación sin revisión
 
Se identificaron 22.737.247 facturas por 22,1 billones de pesos, de las cuales 9.155.060 estaban duplicadas por 8,9 billones. Tras depurar los registros repetidos, existen 13,2 billones pendientes de revisión, concentrados principalmente en 36 prestadores que representan el 40 por ciento del valor total, lo que aumenta el riesgo fiscal ante posibles incumplimientos o litigios.
 
La EPS no aportó soportes contractuales completos que acrediten el cumplimiento de los requisitos del Decreto 441 de 2022, incluyendo copias de contratos, notas técnicas y anexos, lo que impide verificar la legalidad de los acuerdos con prestadores de Salud.
 
Cuentas por pagar y reservas técnicas

Con corte a marzo de 2025, las cuentas por pagar ascendieron a 21,37 billones de pesos, de los cuales 10,5 billones corresponden a anticipos pendientes y 8,7 billones a facturas sin procesar. Además, se identificó una subestimación de 11,1 billones en reservas técnicas al cierre de 2024, junto con deficiencias en el soporte de autorizaciones y facturas.
 
La Contraloría advierte que estos hallazgos representan riesgos de deterioro financiero y administrativo, a pesar de la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, y podrían afectar la prestación oportuna de los servicios de Salud.
 
La alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para definir los procedimientos de control fiscal y determinar posibles responsabilidades, así como a las autoridades competentes en materia disciplinaria y penal.

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