Edición Médica

Abelardo De La Espriella, presidente de la República.

Redacción. Bogotá
El Gobierno Nacional ha anunciado la puesta en marcha de la primera fase de un Plan de Choque en Salud con el que busca resolver atenciones pendientes de 1.069.196 usuarios que esperan medicamentos, tratamientos o procedimientos en Colombia. La estrategia tendrá cobertura nacional y estará acompañada por un mecanismo extraordinario de compra de cartera.
 
El presidente Abelardo De La Espriella ha explicado que la medida responde al volumen de barreras de acceso registradas en el sistema. De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno, entre enero y julio de 2026 se recibieron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, con un promedio cercano a 5.772 diarios; el 92 por ciento estaría relacionado con dificultades para acceder a servicios y tecnologías en salud.
 
La intervención se concentrará inicialmente en pacientes que requieren medicamentos o procedimientos pendientes, entre ellos personas con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas y neurodegenerativas, trasplantes, patologías cardiovasculares y renales, EPOC, asma y condiciones de salud mental, además de mujeres gestantes que necesitan atención prioritaria.
 
Más de un millón de usuarios identificados
 
El plan contempla cuatro etapas. En primera instancia, identificar al paciente y la atención pendiente; establecer qué medicamento, procedimiento o servicio requiere y qué actor debe garantizarlo; gestionar los recursos necesarios; y realizar seguimiento hasta verificar que la prestación efectivamente se haya materializado.
 
Este último componente introduce una diferencia relevante frente al seguimiento administrativo convencional. El Gobierno plantea que la resolución del caso no se mida únicamente por el cierre de una PQR, sino por la entrega efectiva del medicamento o la realización del procedimiento.
 
La primera fase contempla a más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 con procedimientos pendientes, según las cifras anunciadas por la Presidencia.
 
La priorización adquiere especial relevancia entre los pacientes con mayor riesgo. Información conocida previamente sobre la estructuración del plan identificaba 318.094 afiliados con 844.952 registros de medicamentos clasificados en criticidad “muy alta”. Para procedimientos y servicios, esta categoría comprendía 94.402 afiliados y 155.635 registros.
 
A ello se sumaban alrededor de 109.062 gestantes que llevaban más de 45 días sin control prenatal, según la información del Ministerio conocida durante la preparación de la estrategia.
 
Compra de cartera busca movilizar recursos hacia las atenciones pendientes
 
Para respaldar la estrategia, el Ejecutivo ha anunciado un mecanismo extraordinario de compra de cartera con tasa de interés del 0 por ciento y un año de periodo de gracia, destinado específicamente a las atenciones incluidas en esta primera fase.
 
El Gobierno ha precisado que el instrumento no exime a las EPS de sus responsabilidades ni permitirá reconocer dos veces una misma atención. Los recursos deberán estar vinculados a los servicios contemplados en el plan y sujetos a seguimiento.
 
Sin embargo, todavía faltan detalles operativos relevantes. En el anuncio no se precisaron el monto que tendrá disponible este mecanismo de compra de cartera, su fuente concreta de financiación, los requisitos de acceso ni el cronograma de desembolsos. Medios que han informado sobre la medida también señalan que sus condiciones específicas todavía no han sido divulgadas.
 
Minsalud, Supersalud y ADRES harán seguimiento
 
El control estará a cargo de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Según el esquema anunciado, la Supersalud verificará el cumplimiento de las obligaciones de las EPS y podrá adelantar las actuaciones correspondientes ante eventuales incumplimientos.
 
El Ejecutivo también ha subrayado que el plan es extraordinario y temporal. Por tanto, no modifica la responsabilidad permanente de las EPS de garantizar a sus afiliados el acceso oportuno a los servicios y tecnologías incluidos en el sistema.
 
Este punto será relevante para evaluar la estrategia. Además del número de casos identificados, será necesario establecer cuántos medicamentos son efectivamente entregados, cuántos procedimientos se realizan y en qué tiempos se resuelven las atenciones represadas.
 
La financiación sigue siendo el principal punto por resolver
 
El anuncio ocurre, además, en medio de interrogantes sobre los recursos disponibles. Durante la campaña presidencial se había planteado una inyección cercana a 10 billones para estabilizar el sector, pero antes de asumir el Ministerio, Ana María Vesga ya había señalado que las fuentes de financiación todavía debían definirse.
 
En recientes reuniones de la ministra con representantes de EPS e IPS señalaron que los 10 billones inicialmente planteados no estaban disponibles, mientras actores del sector continuaban a la espera de conocer cómo se financiaría el plan.
 
De ese modo, será necesario asegurar flujo efectivo de recursos hacia prestadores y proveedores, además de capacidad asistencial y disponibilidad de medicamentos. Por ahora, el Gobierno ha definido la población prioritaria y el mecanismo general de intervención, pero aún deberá precisar las condiciones financieras y operativas que determinarán su alcance real.

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